El procurador interino Eduardo Casal se presentó ante la Corte Suprema y dictaminó que las clases presenciales se suspendieron sin los fundamentos suficientes.
Conflicto por las clases presenciales. El procurador interino, Eduardo Casal, se presentó hoy por la tarde en la Corte Suprema de la Nación y sostuvo que no hay razones epidemiológicas consistentes para que las clases presenciales se suspendan. De esta manera respalda la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de no acatar el último Decreto de Necesidad y Urgencia n° 241.
En su dictamen, Casal sostuvo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que debe decidir sobre el funcionamiento de las escuelas y que el Gobierno nacional tiene la facultad de tomar medidas en caso de emergencia, pero que según la evidencia disponible no hay razones suficientes que demuestren que las clases son un peligro para la salud.
“No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”, expresó Casal en su escrito de 49 páginas.
El procurador sostuvo: “Estas consideraciones adquieren especial relevancia frente al contexto epidemiológico actual, cuando es público y notorio que, en los últimos días, la situación se ha agravado debido a la propia dinámica y cambiantes características de la situación de la epidemia”, refiriéndose a la última suba de contagios y muertes cuando la actividad escolar ya se encontraba suspendida.
Tras este dictamen, falta que la Corte Suprema decida finalmente si las clases presenciales deben ser suspendidas o no. Los jueces que están a cargo de la resolución son: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. El plazo de la decisión vence mañana que es también el último día en el que rige el decreto.