La protesta anticuarentena la realizaron vecinos del complejo Villanueva de Tigre, en una caravana “pacífica” en sus autos. La policía bonaerense había advertido que estaba “terminantemente prohibida”.

La convocatoria de la protesta anticuarentena decía “Después de más de 60 días encerrados decimos basta de manipulación y exigimos la reactivación del trabajo ya. Hemos aprendido cómo cuidarnos. Es nuestra responsabilidad estar sanos”.

Alrededor de las 18 horas la protesta anticuarentena arrancó con una caravana de 30 autos con banderas argentinas y tocando bocina desde la puerta del barrio Santa Teresa en dirección a la estación de Tigre.

Durante el camino que une un lugar y el otro -unos siete kilómetros de distancia- se fueron sumando más autos provenientes de distintos barrios del partido de Tigre.

Ya en la estación de tren de Tigre se formó una extensa caravana de más de un kilómetro. Se mezclaba el ruido de las bocinas con los aplausos de un grupo de vecinos que se concentraron en el puente fluvial. “Devuelvan los derechos”, o “basta de manipulación, o “queremos salir” se leía en los carteles que asomaban desde las ventanillas. Otros gritaban “sí se puede”, “queremos volver a trabajar”.

Entre los manifestantes predominó el reclamo de poder volver a trabajar y ,con ello dar, de comer a sus hijos y pagar los impuestos para que el Estado ejerza su función social.

Francisco, comerciante de Benavidez hizo su desesperado pedido. “Hoy tuve que vender un televisor y una bicicleta para poder comer y pagar el alquiler. No se puedo más, yo cumplí la cuarentena, me quedé encerrado, en estos meses salí tres veces al super. Yo te voté Alberto, pero ahora necesito trabajar.”

“Si no trabajan, el Estado no recaudará y no podrá ayudar a quienes lo necesiten .Es parte de una cadena que si se corta, nos perjudicamos todos”, apelaron a la reflexión de clase política para rever las medidas y establecer los protocolos de prevención.

“Han ahogado a las empresas y a las pymes con esta cuarentena obligatoria y forzosa. Como no tiene una medida , llegaron a un hartazgo que realmente es contraproducente justo ahora que la gente se tiene que guardar en sus casas porque el virus está circulando”, manifestó Mariano, otro residente del municipio.

La prohibición policial había generado revuelo entre los vecinos que creen que señalaron que se violaba el derecho de libertad de expresión.

“Es una amenaza abierta a los ciudadanos y va en contra de la Constitución Nacional, es un atropello a los derechos humanos y todos los argentinos. Eso acá y en cualquier lugar del mundo se llama una dictadura. La gente vino porque se cansó está tratando de defender sus derechos ”, plantó Mariano, empleado de una empresa de energía.

Durante toda la manifestación hubo fuerte presencia policial para tratar de organizar el tránsito.

El oficial a cargo del destacamento de Villa La Ñata hizo llegar ayer por la noche a los administradores de los barrios una advertencia. En el escrito se menciona el decreto de necesidad y urgencia 206 que firmó el Gobierno, mediante el cual se prohíben las manifestaciones. 

“Atento a lo normado en el artículo 205 del Código Penal, será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

 “Queda terminantemente prohibido todo acto de manifestación, caso contrario se iniciarán actuaciones judiciales por infracción al artículo antes mencionado”,  así decía el escrito firmado por inspector Lucas Gabriel Farías, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, respaldó el escrito que firmó el inspector Farías: “Hay un decreto presidencial que así lo dice. La violación de la cuarentena es motivo para iniciar una causa penal, judicial y en este caso federal”. 

“Cuando dice ‘será reprimido’ es lo que dice el Código. Obviamente no va a existir ningún tipo de represión. Aquellos que incumplan con la cuarentena van a tener que justificar cuáles son los motivos. Ese comunicado seguramente fue respaldado por la Justicia. Quien determina si existió o no un delito es el juez”, sostuvo Berni.

Los habitantes de los once barrios que integran el complejo Villanueva tomaron la orden policial como un amedrentamiento a sus derechos. “Es una amenaza abierta a los ciudadanos y va en contra de la Constitución Nacional. Por supuesto que vamos a salir en los autos de igual manera”, plantearon.