Desde las cámaras que agrupan a productores de biodiesel del país aseguran que el precio fijado por la Secretaría de Energía no garantiza la rentabilidad del sector.
Las empresas PyMEs y regionales que producen biodiesel en el país agrupadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y la Cámara Santafesina de Energias Renovables (Casfer), expresaron la preocupación del sector a raíz de la publicación del precio del combustible por parte del Gobierno nacional, ya que consideran que lo hizo de “manera arbitraria, ilegal y discriminatoria”.
Según se publicó en el Boletín Oficial el viernes pasado, el precio por litro de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640 es de $294.43 por tonelada, un aumento del 4% respecto del precio anterior. De acuerdo a lo estipulado, el valor que regirá para las operaciones llevadas a cabo a partir del 16 de abril de este año y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.
Como se sabe, el precio es fijado por la Secretaría de Energía y de acuerdo a la propia ley debe garantizar una rentabilidad lógica. Sin embargo, y según explicaron desde la Cepreb y la Casfer, “la Secretaría publicó precios que reflejan un atraso considerable, ya que van decididamente por detrás de la inflación. Ahora fijó otra vez 4% mensual”.
En este sentido, Federico Martelli, de la Cepreb, afirmó que “la última vez la Secretaría de Energía fijó un sendero de precios que estipulaba un aumento del 4% mensual de noviembre a marzo, mientras que la inflación fue de 4.9% en noviembre, 5.1% en diciembre, 6% en enero. A esta situación debemos agregar que las compañías refinadoras, quienes compran el biodiesel para la mezcla, pagan a 60 días, por lo que las PyMEs del sector vuelven a perder margen por inflación”. “En esta situación se registran dos problemas. El primero es que vienen dando 4% desde noviembre cuando la inflación fue ampliamente superior. El otro problema, y lo que finalmente hizo estallar al sector, es que el nuevo precio corre desde el 24 de abril. Es decir que todo los que se comercializó hasta ese día se hizo con el precio de marzo. Perdimos 24 días”, completó.
En este sentido, para la Cepreb y Casfer, la Secretaría de Energía “publicó un precio para el mes de abril sin considerar lo dispuesto por la ley 27.640, los costos reales que tiene la industria y a tan solo 5 días de la finalización del mes para el cual se determinó dicho precio (sin efecto retroactivo)”.
A través de un comunicado, las cámaras que nuclean a los productores de biodiesel, informaron que “esta medida no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional y el empleo genuino en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad misma del régimen, atentando así contra el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen e industrialización de la ruralidad, la diversificación de la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional, la desconcentración económica mediante la pluralidad de actores, la sustitución de importaciones de gas oil, y la preservación del ambiente y la salud”. Por último, en el documento señalaron que “resulta evidente, e ineludible, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, está generando -eliberadamente- al no permitir al sector operar de manera previsible, sostenible y sustentable”.
La industria del biodiesel reúne en Argentina alrededor de 40 plantas, distribuidas de manera federal en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San Luis. En conjunto emplean más de 2000 trabajadores de manera directa y más de 10 mil de manera indirecta. Contribuyen al desarrollo de las economías regionales direccionando la inversión a ciudades pequeñas y pueblos donde atraen profesionales y generan oportunidades de trabajo de ingresos medios y altos.