El decreto fue presentado por Jeanine Áñez, la autoproclamada presidente y la defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa presentó un pedido de inconstitucionalidad del mismo. El decreto 4078 exime a las fuerzas armadas de la responsabilidad para reprimir en las protestas contra el golpe de Estado.

Cruz Tarifa advirtió que «hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así». Y pidió no olvidar las muertes ocurridas la semana pasada en Cochabamba. Por el momento desde la justicia boliviana se ordenó detener a 9 cocaleros y un miembro del MAS.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudiaron el decreto firmado luego de la violenta represión en Sacaba. La misma dejó un saldo de 9 muertos y 122 heridos. Lo que fue el número más elevado de víctimas tras las elecciones.

Según lo que declaró Tarifa desde que comenzó el golpe de Estado hubo  23 muertos. Y 14 murieron en manos de miembros de las fuerzas armadas y por impactos de bala. Además Tarifa desmintió las noticias que se compartieron acerca de víctimas de Sacaba. «No existe un solo policía ni un solo militar que haya perdido la vida» expresó la defensora. Quien además enfatizó que en los hospitales no había registros de efectivos heridos de gravedad.

Tarifa por su parte exigió «el Ministerio Púiblico debe determinar las responsabilidades, esperemos que esa investigación sea oportuna para esclarecer lo sucedio. En Bolivia no tendría que haber impunidad y dejar estas muertes en el olvido».

En cuanto al decreto que firmó Jeanine Áñez, la defensora completó «El decreto no considera las garantías mínimas establecidas en nuestro marco constitucional y en el sistema internacional de derechos humanos. Estos delitos deben considerarse como ordinarios y van a ir al sistema de justicia penal. Vamos a insistir como Defensoría para que haya un procesamiento y sanción»