
Hace una semana que comenzó la convulsión social en Colombia, luego de que el presidente Iván Duque Márquez, intentara llevar a cabo una reforma tributaria. Ante el descontento masivo y el despliegue de movilizaciones en varias partes del país, el Ejecutivo, desplegó a las fuerzas de seguridad que reprimieron duramente a la población. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo informó un total de 24 fallecidos, 846 personas heridas y 431 detenidas. Por otro lado, se presentó la renuncia del promotor de la reforma, Alberto Carrasquilla, que ocupaba el puesto de ministro de Hacienda.
A través de la reforma, el primer mandatario colombiano planeaba recaudar al rededor de 6.300 millones de dólares, el equivalente a un 2% del PIB. El 15 de abril pasado se había presentado el proyecto, que fue denominado como “Ley de Solidaridad Sostenible”, aunque tras las inquietudes de la oposición y el advenimiento de las movilizaciones sociales, fue retirado del congreso.
El presidente había propuesto idear otro proyecto en diálogo con: “líderes de partidos políticos, de la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial que habían aportado valiosas ideas” y de esta forma poder recaudar “sin afectar a la clase media y a los más vulnerables”. Sin embargo, y a pesar de que se dio marcha atrás con la propuesta, las protestas continuaron y las demandas de la población se hicieron mas extensivas en contra del gobierno.
El anuncio del proyecto de ley se llevó a cabo en el marco de una sociedad golpeada por las consecuencias del COVID-19, la tasa de desempleo se ubica en un 14,2% y representa a un total de 3,4 millones de colombianos. Solo en la capital, Bogotá, la tasa de pobreza alcanzó un 40,1%, lo que significa un total de 3,3 millones de pobres.
La agrupación Comité Nacional del Paro, que nuclea a 40 organizaciones sociales, es la que se está ocupando de convocar al paro. Dentro de las diferentes consignas que se desplegaron en contra del gobierno, se solicita: libertad para poder expresarse, el cese de la represión policial y el castigo de los responsables.
El presidente Duque realizó un comunicado en las últimas horas en la que diferenció a aquellos que se manifiestan de manera pacífica y los que tienen como objetivo desestabilizar el orden. “La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentran financiados y articulados por mafia de narcotráfico” enfatizó.