El fiscal Marijuan pidió suspender los planes sociales otorgados de manera irregular

Un informe de la AFIP detectó que miles de beneficiarios de planes Potenciar Trabajo no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda que otorga el Ministerio de Desarrollo Social.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que se investigue la multimillonaria defraudación al Estado nacional que se desarrollaría a través de los planes Potenciar Trabajo, y que abarca a cientos de miles de personas que no deberían cobrar ese beneficio. Ese universo abarca desde personas fallecidas a otras que cobran planes a pesar de ser dueños de autos cero kilómetro, comprar dólares o tener locales comerciales y hasta campos.

La denuncia quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien como primer paso deberá darle vista a otro fiscal y, llegado el caso, ordenar la suspensión de todos los planes sociales cuestionados, además de evaluar si ordena un reempadronamiento de los beneficiarios para evitar la comisión de nuevas defraudaciones al Estado. Las primeras medidas podrían demorarse, se evalúa si corresponde unificar la presentación a otro expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py.

También el otro expediente es por presuntos delitos detectados en planes sociales. Marijuan basó su denuncia en una copia del informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) remitió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, en el que entrecruzó los registros de beneficiarios del Potenciar Trabajo. En ese análisis, el organismo tributario analizó la situación de casi 1,4 millón de personas con la información de los contribuyentes.

En este entrecruzamiento detectó inconsistencias en un porcentaje elevadísimo. De acuerdo al informe oficial de la AFIP que obtuvo el fiscal, de los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surge que:

• 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;
• 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;
• 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales;
• 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave;
• 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad;
• 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior;
• 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros;
• 209 poseen medicina prepaga o cobertura social;
• 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación;
• 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y
• 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

“Sentado cuanto antecede”, remarcó el fiscal Marijuan, “la acción delictual defraudatoria al Estado Nacional se vería perpetrada por cada beneficiario que habría engañado a la Administración Pública presentándose como un sujeto en condiciones de carencia económica para recibir una ayuda”. Marijuan requirió, además, que se ordene al Ministerio de Desarrollo que informe qué medidas adoptó desde el momento en que recibió el informe de la AFIP.

También requirió que informe el Banco Central (BCRA) que detalle cómo evita –o debería evitar- que beneficiarios de planes sociales compren dólares. El programa Potenciar Trabajo pasó de 700.000 beneficiarios en 2020 a casi 1,4 millones en 2022. Su monto equivale a la mitad del salario mínimo ($29.850).