LOS BORRAMULTAS Y SUS INVOLUCRADOS

Millonario Entramado de Funcionarios y Jueces que Borran Multas en Buenos Aires

Lo que se detalla a continuación da cuenta de una banda organizada entre funcionarios de la Administración Pública Provincial (del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires), Juzgados de Faltas Provinciales, y personas en general (“gestores”) que ofrecen, con la connivencia de los primeros mencionados, servicios de quitas y/o reducciones en el pago de infracciones de tránsito por mecanismos totalmente ilegales.

 Las personas que tienen infracciones de tránsito recurren a los denominados “borramultas” desconociendo seguramente el millonario entramado de corrupción que existe detrás. Los borramultas publicitan sus servicios con total impunidad en la web, whatsapp, vía pública y cualquier otro medio que les permita captar “clientes”.

El hecho inicia cuando se contactan con estos gestores abonando un porcentaje menor de la infracción de tránsito a cambio de que ésta “desaparezca” del sistema. Los borramultas solicitan la patente o DNI de la persona para luego enviarle el “presupuesto”. Lo que no se sabe es que detrás de ello, hay un juez provincial de faltas – en connivencia con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quien los designa – que recibe un gran porcentaje de lo abonado al gestor borramultas, para que se efectivice la operación.

Queda de lado el hecho de que el accionar de estas personas compromete el erario público atento a que a través del mecanismo descripto, el dinero en negro que se paga – obviamente sin factura ni recibo – es repartido directamente entre los corruptos involucrados.

Las sumas que paga la persona pueden ser en efectivo o mediante transferencias a cuentas – propias o no – de los gestores, incluso a cuentas de empresas de dudosa actividad, los que luego “rinden” ese dinero a los jueces de falta y funcionarios provinciales para que el circuito fluya y sigan recaudando estas cifras millonarias.

Se sabe que dicha operatoria es llevada a cabo por los funcionarios públicos que se desempeñan principalmente en Juzgados de Faltas Provinciales, con la connivencia del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, atento a que éste organismo es quien los designa y su autoridad de contralor.

El meollo del hecho delictivo inicia con la facultad de funcionarios de la Administración Pública Provincial, los cuales tienen acceso al sistema de multas, el cual es desarrollado y operado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, por lo que poseen la potestad de juzgar e incluso anular infracciones de tránsito con total arbitrio y discrecionalidad, generando la baja de las mismas en el sistema.

Los juzgados de infracciones de tránsito provinciales están distribuidos en la Provincia de Buenos Aires en ocho (8) zonas, y los que se han dedicado a formar parte de esta asociación ilícita son dos Jueces, los cuales han quedado a cargo de la mitad de la Provincia en materia de infracciones:

Juzgado: Juzgado Provincial Mar del Plata

Juez a cargo: Marcelo Jorge Peralta (titular del Juzgado)

Juzgado: Juzgado Provincial Dolores

Juez a cargo: Marcelo Jorge Peralta (subrogante del Juzgado)

Juzgado: Juzgado Provincial La Plata

Juez a cargo: Mario Quattrochi (titular del Juzgado)

Juzgado: Juzgado Provincial San Isidro (asiento General Pacheco)

Juez a cargo: Mario Quattrochi (subrogante del Juzgado)

Téngase presente que el Director Provincial de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, recientemente ha suscripto 2 disposiciones por las cuales:

1. DISPOSICIÓN N° 2024-23-GDEBA-DPAYCTAMTRAGP, de fecha 27 de Febrero del 2024, por la cual se le encomendó la atención y firma del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento de Dolores, al Juez Provincial de Faltas de Mar del Plata (PERALTA).
2. DISPOSICIÓN N° 2024-35-GDEBA-DPAYCTAMTRAGP, de fecha 18 de Marzo del 2024, por la cual se le encomendó la atención y firma del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento de San Isidro, al Juez Provincial de Faltas de La Plata (QUATTROCHI).

Los juzgados provinciales, principalmente los que se encuentran a cargo de Quattrochi y Peralta, abusando de la posibilidad que les otorga el sistema de acceder a todas las infracciones de tránsito, lo que hacen es juzgar todas las infracciones que puedan (las que consiguen a través de sus gestores). Les interesa muy poco si la falta se cometió en una jurisdicción totalmente ajena a la de su juzgado, a cientos de kilómetros, ellos igualmente podrán borrarla del sistema a cambio de importantes sumas de dinero que reciben de sus captadores de clientes. En la realidad, sabemos que el infractor le abonó a un gestor un monto que va entre el 40 y 50% de lo que figura en el acta de infracción y a los pocos días ya puede descargar el libre de deuda a través de la página de la Provincia.

Desde hace un período prolongado hasta la fecha, se ha notado un incremento descomunal de personas que ofrecen el “servicio de baja de multas” a un monto que equivale desde el 25% al 50% del total de la infracción, la cual se ha vuelto pública e incontrolable. La viralización de esta actividad lejos está de ser oculta; se pueden observar publicaciones mayormente en redes sociales pero también en la vía pública y en zonas cercanas a juzgados de faltas, donde se publicitan estos servicios de manera totalmente discrecional e impune. 

Los funcionarios integran la asociación ilícita junto con terceras personas, encargadas de reunir tanto individuos como empresas con infracciones de tránsito en sus vehículos, ofreciéndoles importantes descuentos (en algunos casos, el veinticinco por ciento (25%) del valor correspondiente de la infracción), a cambio de otorgar la “baja” de la infracción en el sistema de administración de infracciones, sin importar si la falta se ha cometido en ejido municipal, provincial o incluso una ruta de jurisdicción nacional. 

Breve detalle de como se opera la reducción de infracciones de tránsito labradas:

Paso 1: El “usuario” establece contacto a través de canales como WhatsApp, Facebook, Instagram u otros medios adecuados (ANEXO I) con la persona que ofrece servicios de reducción de multas.

Paso 2: En este paso, el “usuario” proporciona a la persona que brinda el servicio de reducción de multas los detalles del dominio de su vehículo para que esta pueda verificar la cantidad de infracciones registradas.

Paso 3: La persona que presta el servicio de reducción de multas responde al “usuario” con un presupuesto que suele ofrecer un descuento cercano al 50%.

Paso 4: Posteriormente, la persona que brinda el servicio de reducción de multas comunica al “usuario” los detalles de una cuenta bancaria a la cual este debe realizar una transferencia. Esta cuenta bancaria puede pertenecer a una empresa, como se puede apreciar a continuación.

Paso 5: Una vez que el “usuario” ha enviado el comprobante de pago, la persona que brinda el servicio de reducción de multas informa que, en el transcurso del día o al día siguiente, proporcionará el certificado de libre deuda.

La viralización de esta operatoria, lejos de ser clandestina, se manifiesta en redes sociales, espacios públicos y zonas aledañas a juzgados de faltas, donde se promocionan estos servicios de manera descarada e impune. La justicia deberá actuar con celeridad para desmantelar esta red de corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley. La transparencia y la integridad en la administración pública son pilares fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa.