
Tal y como lo había adelantado el presidente Javier Milei, el Gobierno vetó la ley de movilidad jubilatoria. Lo hizo a través de la publicación del decreto 782/2024 en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de ley que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso.
El presidente libertario había firmado el veto durante el fin de semana, tras reunirse con diferentes diputados de La Libertad Avanza y este lunes su decisión fue reafirmada en el Boletín Oficial, junto con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Entre los considerandos de la normativa, el Gobierno de la LLA argumentó que el gasto extra que representaría en las arcas estatales la implementación de la ley significaría un gasto no proyectado en el Presupuesto de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.
“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración. La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa“, se indicó en el texto oficial.
En la norma desde el Ejecutivo aseguran que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina”, dado que “significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.