
Se complica la situación del senador nacional Edgardo Kueider, demorado en Paraguay con 210 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. Su patrimonio ya estaba bajo la lupa de la Justicia, que investigaba sus movimientos financieros y su fortuna. Su nombre aparece mencionado en dos expedientes penales: uno en Concordia, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito, y otro en la justicia federal de San Isidro, por unas coimas pagadas por una empresa de seguridad para mantener contratos.
Estos contratos eran con diversas reparticiones del Estado y compañías privadas. Ahora, se suma la investigación que abrió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), de oficio, para saber de dónde venía el dinero que se le incautó. El senador había negado periodísticamente las acusaciones. El período bajo la lupa es entre 2017 y 2023. La denuncia fue hecha por un periodista, e investigado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez.
Su nombre apareció en el marco de una megacausa que instruye la jueza Sandra Arroyo Salgado, en la que está puesta bajo la lupa la empresa de seguridad privada Securitas. La firma admitió que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) entre otros.
Las coimas fueron para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Los sobornos admitidos incluían también trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones. Hubo nueve detenidos en el caso, todos ex directivos de la firma. Entre las empresas que habrían recibido coimas estaba ENERSA, la empresa estatal energética de Entre Ríos. Kueider estuvo al frente de esa entidad.
Puntualmente, el senador fue denunciado por la presunta propiedad de la empresa Betail SA, poseedora de departamentos y cocheras en un edificio de Paraná. Se sospecha que sería uno de los dueños de esa firma junto a un pariente monotributista. De acuerdo a la denuncia, en la liquidación de expensas no aparecía Betail sino Iara Guinsel Costa, la joven secretaria de Kueider con la que quedó detenido en Paraguay.
A inicios de octubre, el fiscal Domínguez pidió una batería de medidas de prueba: informes a la Inspección General de Justicia sobre los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables; en la Oficina Anticorrupción se solicitaron las declaraciones juradas del senador; y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se le reclamó que elabore un informe sobre el legislador con su actividad económica e ingresos.
También se solicitó un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles e informes de los registros nacionales de buques y aeronaves. Los pedidos de informes incluyeron un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Caja de Valores SA. Además, se solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.