El Gobierno disolvió la Administración General de Puertos que controlaba la hidrovía del río Paraná

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Es la segunda empresa estatal que cierra Javier Milei durante su gestión. En su lugar funcionará la Agencia Nacional de Puertos y y Navegación (Anpyn)

Este lunes el gobierno de Javier Milei oficializó a través de un decreto la disolución de la Administración General de Puertos (AGP). Se confirma el cierre de la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la hidrovía del río Paraná, una vía clave para el comercio exterior del país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial en el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución de la entidad.

Se creó en su reemplazo la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico del Ministerio de Economía. Se explicó que esta entidad asumirá el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por sí mismo o por terceros.

Entre las consideraciones, el Ejecutivo tomó el artículo 40 del Decreto 70/23 que “derogó la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado, y por el artículo 48 de dicho decreto se dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas, sin prerrogativa pública alguna“.

El Gobierno consideró que “a lo largo de los últimos años la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias”. Además, se estableció que la conducción del nuevo ente estará a cargo de un director ejecutivo con rango de Secretario de Estado. En ese sentido, se reglamentó en el Decreto 5/2025 que Iñaki Miguel Arreseygor sea el nuevo director ejecutivo de la ANPYN.

Arreseygor se venía desempeñando como subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el Gobierno de Javier Milei y presentó formalmente su renuncia en los últimos días para asumir en este nuevo cargo. Con la publicación de este decreto, la AGP se transforma en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración. En octubre, el gobierno ya había liquidado Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), argumentando que la entidad no cumplía funciones esenciales.

Actualmente, se encuentra en marcha la licitación para el dragado de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este proyecto representa un negocio estimado en 9.000 millones de dólares, lo que generó una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo, muchas de las cuales desplegaron estrategias de lobby en el país en busca de adjudicarse el contrato.

Según la resolución que regula el proceso de licitación de la hidrovía del río Paraná, las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” no pueden participar, conforme al artículo 16°. Esto impacta directamente a empresas como Shanghai Dredging Co., una filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda excluida de la competencia por su naturaleza estatal.

Firmas europeas como Jan de Nul, DEME Group y Boskallis lideran la competencia por una obra clave para el comercio internacional. La Hidrovía Paraná-Paraguay, de más de 3.400 kilómetros, es el principal canal comercial de América del Sur. Su importancia radica en que conecta a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, facilitando el transporte de productos agrícolas y otros bienes hacia mercados internacionales.