El Parlamento georgiano reformó su ley de agentes extranjeros y ahora incluye penas de prisión

El Parlamento de Georgia aprobó una ley de agentes extranjeros que sustituye a la que se encontraba en vigor, la Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera, incorporando ahora penas de hasta cinco años de cárcel contra aquellos que violen la normativa, que suscitó una fuerte ola de protestas el año pasado.

La reforma legislativa establece en su lugar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Esta es similar al registro que existe en Estados Unidos conocido como FARA, acrónimo de The Foreign Agents Registration Act, el cual exige que los agentes de entidades extranjeras que participan en actividades políticas divulguen públicamente su relación con la entidad a la que pertenecen, así como los ingresos y desembolsos realizados en apoyo de dichos movimientos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento georgiano, Archil Gorduladze, uno de los impulsores de la medida, indicó que esta nueva ley "persigue judicialmente a aquellas entidades e individuos que reciben financiación extranjera y que evitan registrarse como tales en el Ministerio de Justicia".

"Esto figurará como una prevención para que las organizaciones no logren evadir el registro, y permitirá que expliquen a la población a qué dedican los millones de dólares que reciben", explicó.

Según el gobierno de Míjeil Kavelashvili, fundaciones estadounidenses y de la Unión Europea son las más propensas a evitar este tipo de registro. Sin embargo, parte de la ciudadanía y de la oposición creen que en realidad buscan amedrentar a las voces disidentes.

Georgiamaidán: las protestas

Durante el 2024 el pueblo georgiano salió a las calles para protestar activamente contra el resultado de las elecciones, que dieron como ganador al partido Sueño Georgiano del presidente Kavelashvili en aparente fraude.  

El oficialismo, que ha sido acusado de contratar a Titushkis (grupos violentos) para agredir a políticos opositores y periodistas, también es objeto de críticas por parte de las regiones prooccidentales, ya que sospechan que esta ley será utilizada para reprimir a organizaciones, medios independientes y manifestantes, tal como ocurrió hace algunos meses.

Si bien el proyecto fue presentado en el Parlamento el 24 de febrero de 2025, ya diciembre de 2024 había un contexto de alta tensión política, con miles de manifestantes que se congregaban en las calles de Tiflis y otras ciudades en reclamo contra el presunto fraude electoral en las elecciones parlamentarias, denunciando la victoria del partido Sueño Georgiano como ilegítima.

En ese sentido, la presentación de la nueva normativa fue vista por muchos sectores como un intento del gobierno de sofocar el movimiento opositor y de restringir la actividad de organizaciones críticas.

Reacciones internacionales

La Unión Europea ha expresado su preocupación por la nueva legislación, afirmando que "erosiona los principios democráticos y afecta el proceso de adhesión de Georgia al bloque". En un comunicado conjunto, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, señalaron que estas medidas están "lejos de lo que se espera de un país candidato" y podrían tener un impacto negativo en el proceso de integración.

Este panorama ha generado preocupación sobre el futuro político del país y su relación con sus vecinos Rusia y Ucrania, que están en plena guerra hace tres años. Mientras Volodimir Zelensky ha manifestado su oposición a la victoria de Sueño Georgiano, Vladimir Putin se regocija de las divisiones internas cuando aún tiene ocupadas las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, que representan aproximadamente el 20% del territorio georgiano.