Eduardo Belliboni irá a juicio por decisión del juez Sebastián Casanello

El juez federal Sebastián Casanello resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de programas sociales. La decisión judicial marca un avance clave en una causa que ha generado repercusiones tanto en el ámbito político como social.

Belliboni será juzgado por delitos que se habrían cometido entre junio de 2002 y marzo de 2024, cuando, según la acusación fiscal, habrían montado "una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar" a personas con "alta vulnerabilidad social y económica". Paralelamente, se los acusa de defraudación al Estado a raíz de presentar facturas falsas para justificar el desvío de fondos públicos destinados a esos programas, por unos 50 millones de pesos.

Los delitos por los cuales se juzgará a Belliboni son “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” , “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”. Según la investigación, parte de esos fondos habrían sido redirigidos para financiar actividades del movimiento, lo cual estaría en contradicción con las normativas vigentes.

Desde el Polo Obrero niegan categóricamente las acusaciones y denuncian una “persecución política” por parte del Poder Judicial. Belliboni ha manifestado públicamente que su accionar se enmarca dentro de la legalidad y que la causa responde a un intento por criminalizar la protesta social y el trabajo de las organizaciones populares.

Qué se espera del juicio

El juicio oral, cuya fecha aún no fue definida, será un escenario clave para esclarecer los hechos. Tanto la defensa de Belliboni como los fiscales presentarán pruebas y testimonios que podrían tener impacto no solo judicial, sino también político, en un contexto donde la gestión de los recursos sociales está en el centro del debate público.

Implicancias políticas y sociales

La decisión de Casanello podría tener repercusiones importantes en la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Mientras algunos sectores reclaman mayor transparencia en el manejo de los planes, otros alertan sobre un posible endurecimiento de las políticas hacia los movimientos sociales. 

Además de Belliboni, fueron procesados Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, entre otros acusados.

FS