
por Claudio Corsalini
Luego del allanamiento y clausura de un criadero ilegal, unos 20 perros de la raza “Schnauzer miniatura”, fueron rescatados por personal de la Policía de la Ciudad y agentes de la Justicia porteña. Del total de perros rescatados, 14 eran hembras -cuatro se encontraban preñadas-, dos eran machos y cuatro cachorros, que estaban apartados y enjaulados. El valor estimado en el mercado de estos ejemplares asciende en total a los 24 millones de pesos.
Los animales se encontraban hacinados y sin las condiciones higiénicas necesarias en una vivienda de la calle Yerbal al 6000, en el barrio de Villa Luro. Tal como ocurre en estos casos, los ejemplares eran comercializados a través WhatsApp.
El operativo fue encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurian. También participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, y personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por una vecina del lugar, que indicó la modalidad de venta por redes sociales y WhatsApp, por valores que superan el millón de pesos. En este sentido, luego de diversos informes se pudo identificar al domicilio, llevándose a cabo relevamientos y tareas de campo previas que confirmaron la actividad ilegal. Por tal motivo, la UFEMA solicitó un allanamiento, que fue autorizado por el juez José Beguelin, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°2.
En cuanto a las condiciones del lugar, se constató la falta de higiene, como así también de cuidados básicos ya que los animales no tenían comida ni agua a disposición, y los recipientes se encontraban en condiciones no aptas para el consumo, con olor putrefacto.
Los veterinarios establecieron que los perros se encontraban en situación de riesgo, con claros signos de crueldad, principalmente los cachorros, presumiéndose maniobras abusivas como el corte de cuerdas vocales y la explotación sexual permanente y sistemática.
Por tales motivos, se ordenó el rescate de todos los animales, que fueron evaluados por los médicos veterinarios y luego de ello entregados a las ONG’s y asociaciones proteccionistas que participaron del operativo. A su vez, se dispuso la clausura inmediata y preventiva de la actividad del criadero, labrándose actas por actividad económica no autorizada y por tenencia irregular de animales vivos.
Finalmente, el fiscal Rolero imputó al responsable del criadero ilegal como autor responsable del delito de “actos de crueldad animal” (art. 3 inciso 7° de la Ley Nacional N° 14.346), y en el art. 206 del Código Penal, consistente en violar las normas de la policía sanitaria animal local.