
El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio fue formalmente imputado este jueves por el fiscal Álvaro Garganta como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa en la que se investigan negociados millonarios vinculados con las multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La imputación además alcanzó a otras 15 personas, entre ellas funcionarios judiciales, empleados estatales y empresarios. Uno de lo más reconocidos es Mario Quattrochi, un juez de Faltas de La Plata, sospechado de haber facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos.
Según la acusación de Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”. En efecto, se planteó que estas prácticas ocasionaron una caída en las recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales.
En la causa también se detalla que siete empresas que resultaron beneficiadas habrían sido condicionadas a contratar previamente los servicios de la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, la cual se encargaba de gestionar los turnos para la VTV y cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada operación realizada.
Además, la imputación incluye presuntas irregularidades en la contratación de CECAITRA, una asociación civil que habría emitido facturación irregular por ingresos obtenidos a través de multas de tránsito registradas por al menos 155 cinemómetros instalados en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.
MR