
El expresidente Alberto Fernández fue procesado este lunes 15 de abril por la Cámara Federal porteña en el marco de la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yáñez. La decisión la tomó la Sala II del tribunal al rechazar la apelación que el exmandatario hizo contra el procesamiento dictado por el juez federal Julián Ercolini, el 17 de febrero.
Los delitos son los de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género. La votación de los jueces fue dos a uno: quienes estuvieron a favor del procesamiento fueron Martín Irurzun y Eduardo Farah, y en disidencia votó Roberto Boico. La Cámara decidió en línea con el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe, que había pedido que se confirmara la sentencia contra el expresidente.
Su colega de primera instancia, el fiscal Ramiro González, formuló su acusación en noviembre luego de haber considerado, entre otras cuestiones, que antes del 12 de agosto de 2021 el exmandatario le provocó a Yáñez un moretón en el brazo producto de un “agarrón” o “zamarreo” dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos; y que entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021 la golpeó en el rostro dejándole una lesión en su ojo derecho.
La denuncia fue presentada por Yáñez a comienzos de enero de este año, poco después de finalizado el mandato presidencial. En su declaración ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), la ex primera dama relató una serie de situaciones que, según sostuvo, constituyeron un patrón sostenido de maltrato emocional, desvalorización y control financiero, especialmente durante su estadía en la residencia de Olivos.
Entre los elementos aportados, Yáñez incluyó mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios de personas cercanas a la pareja que habrían presenciado discusiones y actitudes que la denunciante calificó como “humillantes y manipuladoras”. También se presentó un informe psicológico que detalla signos de angustia y deterioro emocional compatibles con situaciones de violencia prolongada.
El caso tomó notoriedad pública a mediados de febrero, cuando la querella solicitó medidas de prueba y una perimetral simbólica. En ese contexto, el juez Cattani ordenó pericias interdisciplinarias y convocó a declarar a varios testigos del entorno presidencial. Uno de los momentos clave en la investigación fue la declaración de una excolaboradora de Yañez, quien habría presenciado episodios de “hostigamiento verbal sistemático”.
Desde el entorno de Fernández niegan rotundamente los hechos y califican la denuncia como “una maniobra de carácter personal y mediático”. En caso de avanzar hacia una etapa de juicio oral, este sería el primer proceso penal por violencia de género contra un expresidente en ejercicio democrático en la historia del país.
En su declaración ante la Justicia, Fabiola Yañez afirmó: "Durante años sentí que no tenía voz. Cualquier intento de expresar malestar era minimizado o ridiculizado. El poder de él lo atravesaba todo, incluso dentro de nuestra intimidad."
También sostuvo que el control sobre sus gastos y decisiones personales era permanente:
"Yo no podía tomar decisiones sin su aprobación. Me hacía sentir incapaz, infantilizada, como si no pudiera valerme por mí misma."
Según testimonios del personal de la residencia de Olivos, se escucharon gritos, discusiones y situaciones de tensión emocional reiterada. Además, hay correos electrónicos donde, según la denunciante, el expresidente cuestionaba sus intervenciones públicas y le pedía un “bajo tono” en las entrevistas.
Un informe psicológico firmado por profesionales de la OVD, describe a Yáñez como “una persona con signos de haber atravesado vínculos marcados por el control emocional y la manipulación”.
FS