
El Gobierno nacional autorizó la importación de maquinaria agrícola usada a través del Decreto 273/25, que ya fue publicado en el Boletín Oficial. La normativa eliminó una restricción vigente desde mediados de la década del 90´, que exigía contar con un Certificado de Importación de Bienes de Capital (CIBU) para el ingreso de implementos usados al país.
Según estimaron industriales del sector consultados por este medio, los rubros que comenzarían a ingresar al país serán cosechadoras y tractores.
Esta medida se suma al paquete de desregulaciones y simplificaciones administrativas impulsadas por la Casa Rosada. Desde las fábricas de maquinaria agrícola argentina y las entidades que las nuclean rechazaron esta decisión, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa.
Las fábricas argentinas de maquinaria agrícola se concentran en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En líneas generales, las sembradoras, pulverizadoras, cabezales de cosecha y componentes de agricultura de precisión son elaborados en el país y además de abastecer el mercado interno, son reconocidos en el resto del mundo.
El déficit de la industria local radica en dos rubros sensibles en la producción agropecuaria: tractores y cosechadoras. En estos casos, casi todo el abastecimiento de estas unidades llega de la mano de multinacionales que operan en el país, salvo contadas excepciones como es el caso de una fábrica cordobesa de tractores.
La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) reúne a las empresas nacionales del rubro metalmecánico. Su presidente, Enrique Bertini señaló a News Digitales que "el ingreso irrestricto de maquinaria agrícola usada representa una amenaza directa para la cadena de valor industrial nacional y el entramado productivo federal".
El directivo reconoció que "la ruptura de las dinámicas comerciales genera un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la generación de puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo personal". Además del daño comercial, también alertó sobre el riesgo sanitario que representa incorporar plagas exógenas que tengan un impacto directo sobre la producción agrícola nacional.
"Al no solicitar mayor documentación que una declaración jurada del producto a ingresar, la ausencia de controles adecuados impide la correcta verificación de la condición y uso real de la maquinaria importada, dificultando distinguir entre aquellas destinadas al uso productivo y aquellas ingresadas con el objetivo de reventa o reacondicionamiento, muchas veces también con partes importadas", agregó.
Uno de los problemas estructurales del parque de maquinaría agrícola argentino es su antigüedad y en este punto coinciden los productores y sobre todo los contratistas agrícolas, encargadados de buena parte de las labores de siembra, pulverización y cosecha que se llevan a cabo en todo el país.
En este sentido, Bertini sugirió que esta decisión "no responde a una política de renovación tecnológica del parque de maquinaria agrícola, debido a que la tendencia se vuelca hacia la importación de maquinaria ya amortizada en otros mercados, responde únicamente al interés extranjero por colocar su sobrestock de usados".
La industria salió con los tapones de punta al conocerse esta decisión. "A partir de esta medida, se dejan sin efecto los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa, se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores", remarcaron desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
“La decisión, adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos, expone a la industria nacional a una competencia desleal”, advirtieron. Y agregaron: "solicitamos al Gobierno Nacional una revisión urgente de esta decisión, que atenta contra la industria local y contradice la visión de un país con desarrollo federal, producción nacional y generación de empleo genuino", agregaron los industriales santafesinos.
Por el lado de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra), consideraron que la decisión del Gobierno “permite el ingreso de maquinaria obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad". En este sentido, afirmaron que "la medida pone en riesgo la seguridad productiva y la salud de los consumidores y además, debilita a los fabricantes nacionales y consolida la dependencia tecnológica en un momento crítico".
"Mientras los principales países del mundo redoblan esfuerzos para impulsar su desarrollo industrial, Argentina avanza en sentido contrario, transformándose en un mercado residual de tecnologías descartadas", insistieron.
En sus redes sociales, el ministro Sturzenegger reflexionó que si bien esta medida “es un beneficio para miles de industrias, representa un desafío competitivo para las empresas que producen bienes de capital”.
El funcionario hizo una comparación para explicar el alcance del Decreto 273/25. “En Argentina estaba prohibido importar bienes de capital usados. Para que dimensionemos esto, sería como que en una economía se prohibiera la venta de autos usados. El absurdo queda a la vista”. Y concluyó: “”no permitir que sus trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es, sencillamente, cruel”.
Hoy quiero contarles otra increíble historia de autodestrucción que tengo la inmensa alegría de contarles que el Decreto 273/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR viene a corregir. Una de las fuentes de crecimiento más importantes de una economía es su acervo de… pic.twitter.com/Kqb8SMywdc
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 15, 2025