
La interminable difusión de casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica representó uno de los desafíos más duros del pontificado de Francisco. Aunque adoptó medidas disciplinarias contra altos jerarcas y estableció la obligación de denunciar cualquier indicio de abuso, no logró apaciguar el profundo malestar de las víctimas ni reparar el daño causado.
Con un mensaje firme y directo, el Papa Francisco se refirió en marzo de 2023 a los casos de abuso dentro de la Iglesia, asegurando que no alcanza con pedir perdón. En un video publicado por el canal oficial del Vaticano, el pontífice dejó en claro que el perdón, aunque necesario, no es suficiente frente a la magnitud del daño causado por miembros del clero.
“Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón”, dijo marcando un punto de inflexión en el discurso papal frente a los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero. Aquella declaración marcó un cambio por Francisco tras su controvertida visita a Chile en 2018, cuando fue duramente cuestionado por su defensa a ciertos obispos señalados por encubrimiento.
El pontífice subrayó la necesidad de ubicar a las víctimas en el centro de las acciones: “Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas; acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan”, expresó con tono de responsabilidad. En esa misma línea, agregó que la Iglesia debe ofrecer “espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas”.
Francisco también explicó que dentro de la Iglesia estos delitos “no prescriben” y que, si lo hacen por cuestiones legales, él mismo levanta la prescripción de manera automática: “No quiero que esto prescriba nunca”, aseguró, reafirmando su postura en diálogo con un joven sobreviviente de abuso.
Una de las decisiones más impactantes en la lucha por terminar con los abusos en la iglesia fue la sanción que en el año 2019 recibió el cardenal Theodore McCarrick, por entonces el clérigo de más alto rango en la Iglesia Católica de Estados Unidos.
McCarrick fue expulsado luego de que una investigación del Vaticano determinara su responsabilidad en el abuso sexual de niños y adultos -muchos seminaristas- durante décadas. Oficialmente, el 16 de febrero de 2019 McCarrick dejó de ser cura.
Francisco decidió expulsarlo de la Iglesia al hacer ejecutiva la sentencia de un tribunal canónico que lo encontró culpable por abusos sexuales en violación “del Sexto Mandamiento (actos impuros) con menores y adultos“, con el agravante del abuso de poder.
Hacia fines de 2019, el Papa decidió suprimir el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales contra menores. A partir de entonces, las denuncias, testimonios y documentación de los procesos canónicos pueden ser entregados a la justicia civil, aunque la normativa no lo impone como una obligación. Además, las víctimas obtuvieron el derecho de acceder a sus expedientes y conocer las sentencias dictadas.
En 2021, la Iglesia reformó su código penal interno -vigente desde 1983- e incorporó un artículo específico que tipifica y sanciona de manera explícita los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes contra menores y personas con discapacidad.
"Con los chicos no se juega"
El proceso de revisión institucional tuvo su inicio formal el 12 de abril de 2014, cuando el Papa recibió en el Vaticano a representantes de la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE). Allí asumió públicamente el compromiso de no retroceder en la investigación de estos delitos: “La Iglesia es consciente de este daño; es un daño personal y moral de ellos, hombres de Iglesia. No vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner, al contrario. Con los chicos no se juega”, sostuvo.
En 2015, Francisco reforzó esta línea al instar a los obispos a garantizar la seguridad de los menores en las parroquias, insistiendo en que deben ser “casas seguras” para las familias y recordando que “no hay absolutamente lugar en el ministerio para quienes abusan de los menores”.
La dimensión global del problema quedó expuesta a través de numerosas investigaciones y denuncias. El caso más emblemático fue llevado al cine con Spotlight, la película basada en el trabajo del equipo del Boston Globe que en 2002 reveló una trama de encubrimiento sistemático dentro de la Iglesia estadounidense. El informe expuso que entre 1950 y 2018, más de 20 mil menores y unos 7 mil miembros del clero estuvieron implicados en denuncias de abuso, muchos de ellos silenciados mediante traslados geográficos y acuerdos económicos.
En el listado de sacerdotes implicados, se destacan varios nombres argentinos: Julio César Grassi, condenado hasta 2028; Justo José Ilarraz, con 25 años de prisión; Mario Napoleón Sasso, quien purgó 17 años por abusar de cinco niñas; Héctor Pared, fallecido en prisión tras una condena de 24 años; Fernando Enrique Picciochi, condenado a 12 años; Rubén Pardo y Alessandro De Rossi.
Los informes eclesiásticos nacionales también comenzaron a surgir con fuerza entre 2018 y 2019. En Polonia, un documental alojado en YouTube denunció que 400 curas abusaron de niños durante más de 30 años. En Alemania, la Conferencia Episcopal reportó 3.677 casos de abuso entre 1946 y 2014 cometidos por 1.670 miembros del clero. En Países Bajos, un informe de 2011 identificó a 800 posibles perpetradores en 1.795 denuncias. En México, 152 sacerdotes fueron apartados en nueve años. En Francia, una comisión independiente estimó que 330.000 menores fueron víctimas de violencia sexual desde 1950. Chile registró 266 denuncias en 2018 y la renuncia de 34 obispos tras el caso Karadima. En una mea culpa posterior, el Papa aceptó la renuncia de siete obispos chilenos.
A finales de 2014, el Papa creó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, compuesta por religiosos y laicos, pero esta estructura recibió duras críticas y varios de sus miembros renunciaron, incluido el más influyente en 2023, el sacerdote jesuita alemán Hans Zollner.
En junio de 2023, anunció una nueva consulta global para revisar y actualizar las normas preventivas. El objetivo de este proceso era evaluar si las medidas adoptadas eran suficientes o si, por el contrario, aún era necesario ajustar mecanismos para erradicar los abusos.
La postura adoptada por el Papa Francisco representó un intento firme de encarar un problema estructural y sistémico dentro de la Iglesia. La herida, sin embargo, sigue abierta: la reparación real exige tiempo, justicia y una transformación profunda que no puede sostenerse solo en el discurso. Las víctimas, como ha reconocido el propio pontífice, deben seguir siendo el centro de cada paso que se tome.
LN