Denuncian graves irregularidades en la intervención de Osprera, la obra social de los trabajadores rurales

Esta semana, el largo conflicto entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. Desde el gremio liderado por José Voytenco, alertaron por graves irregularidades por parte de la actual intervención de Osprera, la obra social de los trabajadores del campo.

El origen de esta disputa se remonta a marzo de 2023, cuando esta obra social fue intervenida por la Justicia Federal.  Un año después, el Juzgado Federal de Santa Rosa (La Pampa) falló a favor de los gremialistas y devolvió la conducción de la obra social a Uatre. Pero en agosto de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud designó una nueva administración para Osprera y desde entonces, la obra social de los trabajadores se encuentra intervenida por el Gobierno nacional.

En ese momento, Virginia Montero fue designada como interventora de la obra social y tras su renuncia, Marcelo Poltroni asumió este rol a finales de noviembre de 2024, ratificado en el Boletín Oficial a través del Decreto 1054 / 2024. “Se han registrado pagos millonarios a un laboratorio sin contratos vigentes, mientras se suspenden pagos a proveedores esenciales, lo que ha generado interrupciones en tratamientos críticos”, alertaron desde el gremio. 

En concreto, ratificaron que entre noviembre de 2024 y enero de este año se llevaron a cabo desembolsos por más de $500 millones a un laboratorio, sin la correspondiente contraprestación de medicamentos. “Estos pagos carecen de justificación y se realizaron fuera del marco legal vigente, afectando directamente el patrimonio de la obra social y la salud de sus beneficiarios. Convirtieron a la obra social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud", denunció Voytenco. 

En paralelo, remarcaron que se incumplieron compromisos de pago con droguerías que sí mantienen la provisión de medicamentos, situación que se reflejó en la suspensión de tratamientos para pacientes con enfermedades graves como cáncer, HIV y diabetes.  “La situación se agrava con el nombramiento de 79 personas en cargos administrativos, cuyos salarios alcanzan cifras exorbitantes, superando los $370 millones en enero de 2025”, afirmaron desde el gremio.

En este contexto, reclamaron que los beneficiarios de la obra social enfrentan cortes masivos en sus tratamientos, lo que ha derivado en más de 60 procesos judiciales en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Rosario. En estos días, también se conoció otra resolución judicial que dio un respiro al gremio de los trabajadores rurales. En concreto, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó un pedido del Gobierno para intervenir la Uatre.

El motivo que originó este pedido de intervención por parte del Estado fue que la conducción de la Uatre habría excluido del congreso que eligió autoridades del gremio a diferentes seccionales del gremio.