La Corte Suprema brasileña amplía la causa contra bolsonaristas y reaviva el debate sobre persecución política

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha aceptado por unanimidad los cargos contra seis nuevos aliados del expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en los eventos del 8 de enero de 2023. Según la acusación, estarían involucrados en un supuesto intento de golpe de Estado tras los resultados electorales que llevaron a Lula da Silva nuevamente al poder. Pero mientras la narrativa oficial se enfoca en castigar a los responsables, una parte significativa de la sociedad brasileña se pregunta si esta ola judicial no es más bien una persecución política disfrazada de justicia.

Los seis nuevos implicados incluyen generales, exministros y personas cercanas a la cúpula de confianza de Bolsonaro. Para el STF, hay "evidencias suficientes" de su participación en la presunta conspiración institucional. Sin embargo, lo que se presenta como justicia para unos, suena a venganza institucional para otros. En la opinión pública crece la sensación de que el sistema judicial está profundamente politizado y de que no se está midiendo con la misma vara a todos los actores del espectro político.

Desde que Lula asumió el poder, varios de sus opositores han sido blanco de procesos judiciales rápidos, con escasa transparencia y un protagonismo cada vez más cuestionado del STF. Las decisiones se acumulan con rapidez, en ocasiones sin posibilidad de una defensa amplia y sin que se discutan en profundidad las pruebas. A ojos de muchos, esto vulnera el principio básico del debido proceso.

El propio Jair Bolsonaro ha negado cualquier implicación en los hechos del 8 de enero y ha reiterado que se encuentra en una situación de persecución política. Su defensa sostiene que los procesos son parte de un intento por neutralizar a la oposición conservadora y eliminar cualquier posibilidad de liderazgo alternativo en el escenario político brasileño.

En paralelo, se acumulan denuncias sobre la falta de imparcialidad de algunos jueces del STF, quienes en los últimos años han asumido un protagonismo inédito, traspasando los límites entre la función judicial y la intervención política. La creciente exposición mediática de magistrados, sus discursos fuera de los tribunales y sus constantes enfrentamientos con figuras del bolsonarismo contribuyen a la sensación de una justicia parcial y condicionada.

El Brasil de hoy está profundamente polarizado. En ese escenario, cualquier decisión judicial adquiere una carga política inevitable. Pero cuando la justicia parece alinearse sistemáticamente con un solo sector, los cimientos democráticos se tambalean. La pregunta que muchos se hacen es si el STF está cumpliendo su rol constitucional o si ha pasado a convertirse en un actor político más, dispuesto a todo para silenciar a quienes piensan distinto.

Mientras tanto, la causa sigue su curso, pero también lo hace la desconfianza. Y en democracias frágiles, la percepción de justicia es tan importante como su ejercicio efectivo.