Pedro Sánchez impulsa el cierre nuclear y deja a España más vulnerable energéticamente

El Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una licitación de más de 28 millones de euros para iniciar el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres. La medida se alinea con el calendario previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Plan General de Residuos Radiactivos, que contemplan el cierre de los reactores en 2027 y 2028. Sin embargo, el contexto político y económico vuelve esta decisión particularmente controvertida.

Diversas compañías del sector eléctrico, incluyendo Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado formalmente al Ejecutivo una revisión del calendario de cierre de las nucleares, advirtiendo que la aceleración de la transición podría afectar la rentabilidad del sistema y poner en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico. Esta preocupación se ve amplificada por la dependencia de las energías renovables, cuya producción, al no ser constante, deja lagunas críticas en periodos de alta demanda.

Extremadura, comunidad que alberga la central, ha sido especialmente crítica. Su presidenta, María Guardiola, ha señalado en reiteradas ocasiones que el cierre tendrá un impacto devastador en el empleo local y en la atracción de inversiones industriales. La planta no solo genera energía, sino que sostiene miles de empleos directos e indirectos y representa un eje económico para la región.

Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). Europa Press. 

Expertos del sector energético han advertido, además, sobre el riesgo de apagones en la región y posibles desequilibrios en la red eléctrica nacional. El cierre de Almaraz se produce, según estos especialistas, sin que exista un plan de reemplazo firme que garantice la misma capacidad de generación segura y constante.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta, señalando que el contrato adjudicado forma parte de una transición planificada hacia un modelo más sostenible. La explicación, sin embargo, no convence a quienes ven en esta decisión una imposición ideológica disfrazada de estrategia climática.

Mientras tanto, el debate se recrudece: ¿Es sensato avanzar hacia el cierre de las nucleares sin un plan energético de respaldo sólido? ¿Se está castigando a regiones enteras por una decisión centralista?

En un país con tensiones territoriales crecientes y una economía vulnerable, el cierre de Almaraz podría convertirse en un símbolo de las consecuencias de gobernar desde la imposición y no desde el consenso.