¿Aliado o cómplice? El pacto naval de Chile con la potencia que ocupa Malvinas

El reciente acuerdo firmado entre la Armada de Chile y el Reino Unido no puede interpretarse más que como un gesto inaceptable. La cooperación naval entre Santiago y Londres, centrada en el desarrollo industrial y logístico, ocurre bajo un contexto que Argentina no puede ignorar: el Reino Unido continúa ocupando ilegalmente las Islas Malvinas. Que un país sudamericano profundice relaciones militares con una potencia colonial, en pleno Atlántico Sur, constituye una afrenta a la causa Malvinas y a la histórica solidaridad regional que Argentina ha promovido en foros multilaterales.

Difundido con entusiasmo por la embajada británica en Santiago, el acuerdo fue presentado como un impulso al fortalecimiento de capacidades tecnológicas navales chilenas. Sin embargo, la lectura desde Buenos Aires es otra: mientras Londres consolida su base militar en Puerto Argentino, busca también tejer alianzas estratégicas con países del entorno, debilitando cualquier intento de negociación bilateral o regional sobre la soberanía del archipiélago.

El medio especializado Agenda Malvinas fue uno de los primeros en advertir el peligro del acuerdo, señalando que esta clase de maniobras no son meramente técnicas ni comerciales: son políticas, simbólicas y profundamente geopolíticas. En un momento en que la Argentina insiste en la vía pacífica y diplomática para resolver la disputa, el silencio de la Cancillería nacional resulta, al menos, desconcertante.

Para sectores soberanistas, este tipo de convenios debería generar una reacción clara, tanto del gobierno argentino como de los bloques regionales comprometidos con la no injerencia colonial. La causa Malvinas no es sólo una bandera: es una política de Estado que exige coherencia, memoria y firmeza.

En un Atlántico Sur cada vez más codiciado por sus recursos y su posición estratégica, acuerdos como el firmado por Chile y el Reino Unido no pueden ser leídos como neutros. Desde Argentina, se pudiera perciben como una amenaza que exige respuesta, no sólo con diplomacia, sino con una reafirmación activa del principio de soberanía.