
por Florencia Gutiérrez
Casi dos millones de hogares en la Argentina perdieron los subsidios en sus tarifas de electricidad y gas natural y pasaron a estar categorizados como usuarios N1 de “altos ingresos”, es decir, pasaron a pagar el costo completo de la energía. Se trata de 1,8 millones.
El dato surge de un análisis realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), y está basado en la presentación que hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados en su informe de gestión.
El trabajo compara el período de julio de 2024 a abril de 2025 y establece que estos usuarios fueron recategorizados desde ingresos bajos a ingresos altos, lo que implicó la pérdida total de los descuentos que recibían en sus boletas de luz.
Lo mismo sucede con el gas natural: 484.520 hogares fueron reclasificados como usuarios sin subsidio en el mismo período. Si bien el recorte en gas fue menor en volumen, el impacto económico es sensible, especialmente de cara al invierno.
De acuerdo a lo que señala el informe, el recorte se debe al reempadronamiento forzoso de usuarios sucedido el año pasado cuando el Gobierno avisó que millones de hogares categorizados como "tarifa social" perderían los subsidios si no se inscribían en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Esta recategorización de usuarios que pasan a pagar tarifa plena va en línea con las condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional. En su informe técnico, el organismo exige “terminar con la actual segmentación de tres niveles” puesta en marcha a fines de 2022, es decir, eliminar los subsidios a los hogares de ingresos medios -que en la actualidad que son el 20% del padrón eléctrico y el 23% del gas- y dejar solamente una tarifa social para los sectores mas vulnerables.
Profundizar este camino va a significar un ajuste mayor al que se llevó adelante en el último tiempo. Los subsidios al sector energético fueron equivalentes a 6.252 millones de dólares en 2024, un 35% menos que un año antes y se encuentran en nivel más bajo desde 2009, según la consultora Economía & Energía y, sin embargo, todavía los hogares del AMBA pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 63% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 37% restante.
El inicio del nuevo esquema cambiario, junto con la devaluación llevada adelante la segunda semana de abril, presiona en el costo de energía y, por lo tanto, el Ministerio de Economía deberá decidir si ese costo se traslada a las facturas o es cubierto con más subsidios. La segunda opción es la más viable a partir de mayo, para evitar un impacto fuerte en precios.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet, desde diciembre de 2023 las tarifas de electricidad aumentaron un 181% y las de gas un 746%, muy superior a la inflación acumulada para ese mismo periodo (144%).
Mientras tanto, la secretaria de Energía está ultimando los detalles para que este año entren en vigencia las Revisiones Quinquenales Tarifarias (RQT), que en la práctica significa hacer un “borrón y cuenta nueva” con las empresas, que deberán renunciar a sus derechos para reclamar por los congelamientos tarifarios anteriores y a cambio, se les dará una tarifa por encima de la inflación, que se pagará en tres cuotas.