
La muerte del Papa Francisco ha sacudido al mundo católico y ha generado reacciones oficiales en todo el planeta. Entre los mensajes de condolencia destaca el comunicado del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, expresando pesar por la partida del pontífice argentino. Sin embargo, este gesto contrasta de manera evidente con la política de hostigamiento que el gobierno nicaragüense ha sostenido en los últimos años contra la Iglesia Católica.
Desde 2018, tras el estallido de protestas sociales en las que la Iglesia jugó un rol mediador, el régimen sandinista ha endurecido su postura contra obispos, sacerdotes y comunidades religiosas, a quienes acusa de conspiración y de actuar como "enemigos internos".
Persecución sistemática a la Iglesia
El gobierno ha promovido el encarcelamiento, expulsión y hostigamiento constante de miembros de la Iglesia. Casos emblemáticos, como el del obispo Rolando Álvarez, condenado a largas penas de prisión, o la confiscación de bienes eclesiásticos, ilustran una estrategia de intimidación cuyo objetivo parece ser debilitar a una de las pocas instituciones con peso moral y social en el país.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado reiteradamente las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, señalando que las acciones del gobierno constituyen una violación directa de los tratados internacionales firmados por el país.
Un mensaje que revela tensiones
El comunicado oficial de condolencias enviado por el gobierno nicaragüense destaca "el legado de compasión y humanidad" de Francisco, pero omite cualquier referencia al deterioro de las relaciones con la Iglesia local. Analistas interpretan este gesto como un intento de preservar la imagen internacional del régimen en un momento sensible, mientras en el ámbito interno se mantiene la línea de confrontación.
La paradoja resulta aún más evidente si se considera que en los últimos meses se ha reportado un aumento de las restricciones a procesiones religiosas, catequesis y actividades comunitarias organizadas por parroquias, bajo el argumento de "control del orden público".
Implicancias internacionales
La relación entre Nicaragua y la Santa Sede atraviesa uno de sus momentos más críticos. La expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stanisław Sommertag en 2022, sumada a la interrupción de relaciones diplomáticas en 2023, marcó una escalada que ha aislado al gobierno de Ortega-Murillo frente a sectores importantes de la comunidad internacional.
El Papa Francisco, si bien fue cauto en sus declaraciones, reiteró en diversas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua y abogó por el diálogo como vía de salida a la crisis.
Un futuro incierto
La gestión del régimen de Ortega y Murillo ante la muerte del Papa deja expuesta una contradicción que no pasa desapercibida para la opinión pública y los organismos internacionales. Mientras Nicaragua se suma formalmente a los homenajes globales, internamente persiste una política de cerco y represión religiosa.
El futuro de la relación entre el Estado nicaragüense y la Iglesia dependerá en gran medida de la voluntad política de revertir las acciones represivas y abrir canales reales de diálogo. Por ahora, los hechos evidencian una distancia abismal entre los gestos simbólicos y las prácticas concretas del poder.