Cocaína y violencia: Francia aprueba ley antidrogas histórica

Este 29 de abril de 2025, Francia dio un paso decisivo en su lucha contra el narcotráfico al aprobar una ley antidrogas de gran alcance. Esta legislación, calificada como una de las más duras en la historia reciente del país, surge como respuesta al auge de la importación de cocaína desde Sudamérica y al creciente poder de las bandas criminales que han sembrado la violencia en varias regiones, especialmente en Marsella y otras ciudades portuarias clave.

La ley, promovida por el gobierno de Emmanuel Macron, establece la creación de una fiscalía nacional especializada en crimen organizado, con el objetivo de coordinar y centralizar las investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Esta fiscalía trabajará en conjunto con las fuerzas de seguridad, aduanas y agencias europeas para rastrear la logística financiera y operativa de las bandas criminales.

Uno de los puntos más contundentes de la ley es el endurecimiento de las penas para quienes participen en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, incluyendo no solo a los traficantes, sino también a quienes faciliten logística, financiamiento o lavado de activos. Se contempla también la posibilidad de cerrar negocios implicados en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, medida que apunta especialmente a comercios de fachada utilizados por las mafias.

El texto legislativo también refuerza el uso de testigos colaboradores, otorgando beneficios legales a quienes proporcionen información clave para el desmantelamiento de las redes criminales. Esta herramienta, si bien controvertida, ha sido eficaz en otros países europeos, como Italia, para combatir organizaciones de tipo mafioso.

La Asamblea Nacional de Francia votó hoy un proyecto de ley dirigido a fortalecer el enfrentamiento al narcotráfico, iniciativa defendida por el gobierno que ya fue adoptada en el Senado.

Otro aspecto clave es la ampliación del espectro legal para la incautación de bienes: cualquier patrimonio que no pueda ser justificado legalmente podrá ser confiscado por el Estado, reduciendo la capacidad de las bandas para operar desde la clandestinidad económica. El gobierno espera que esto tenga un efecto disuasivo potente sobre quienes se benefician del narcotráfico sin participar directamente en los actos violentos.

El contexto no puede ser ignorado: en los últimos meses, Francia ha experimentado una serie de ataques coordinados contra prisiones y funcionarios, en lo que muchos interpretan como una respuesta violenta de los cárteles ante el aumento de la presión estatal. En este sentido, la ley también incorpora medidas para reforzar la seguridad penitenciaria y cortar los vínculos entre internos y el exterior, incluyendo inhibidores de señal, revisiones más estrictas y aislamiento de cabecillas.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, calificó a los responsables de estos atentados como escoria del narcotráfico y reafirmó el compromiso del Ejecutivo: No cederemos ni un centímetro ante quienes pretenden sembrar el miedo y corromper nuestras instituciones. Por su parte, Macron declaró que Francia no se resignará a convertirse en una plaza fuerte del crimen organizado y anunció una inversión adicional de 300 millones de euros en los próximos dos años para equipamiento policial, inteligencia y programas de prevención.

Con esta legislación, Francia no solo busca contener la violencia, sino también reafirmar el control estatal sobre los territorios amenazados por la criminalidad organizada. En palabras del ministro de Justicia, esta es una batalla por la república, por el imperio de la ley y por el derecho de los ciudadanos a vivir sin miedo.