
La ciudad de Latakia, bastión costero del viejo régimen sirio y hogar tradicional de la comunidad alawita, ha sido escenario de una nueva y desconcertante ola de represión. En cuestión de minutos, hombres armados irrumpieron en hogares de familias alawitas para expulsarlas por la fuerza. El motivo: los terrenos ahora son reclamados por empresarios cercanos al nuevo poder, protegidos por milicias afines al gobierno de transición.
Lejos de una campaña contra la oposición o de choques entre facciones, este episodio marca un giro siniestro: el aparato estatal —reconfigurado tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024— comienza a despojar incluso a la base social que sostuvo al poder durante más de una década.
Expulsados a punta de fusil
Testimonios recogidos por Reuters y otras agencias internacionales coinciden: los desalojos ocurrieron sin previo aviso. En algunos casos, las familias alawitas recibieron apenas diez minutos para abandonar sus viviendas. En otros, las amenazas llegaron junto con disparos al aire. Los ejecutores no fueron fuerzas opositoras, sino milicias como el Servicio General de Seguridad (GSS), ahora alineadas con el nuevo liderazgo.
Uno de los residentes desalojados relató: “Nos dijeron que si no salíamos, seríamos tratados como traidores. Pero ¿cómo puede uno traicionar a quien juró lealtad?”. Las palabras resumen el desconcierto de una población que durante años sostuvo con sangre y silencio al régimen derrocado.
Intereses económicos, respaldo político
Detrás de los desalojos hay una lógica menos ideológica y más económica: el lucrativo negocio de la reconstrucción. Con la salida de Rusia del escenario sirio y la necesidad de consolidar poder interno, el gobierno interino ha acelerado la transferencia de terrenos urbanos a consorcios privados, muchos de ellos aliados coyunturales del nuevo orden.
Las viviendas desalojadas en Latakia se encuentran en zonas costeras codiciadas para proyectos turísticos y desarrollos de lujo. Según fuentes locales, los nuevos “propietarios” obtuvieron los títulos tras juicios exprés en tribunales improvisados o bajo presión militar.
🔴☀️ Victims of the Day from the Alawite Community:
— Syrian Coast Monitor (@CoastSyrianMoni) April 29, 2025
🔹The young man Hassan Abdelhadi Youssef was found murdered today, April 29, after being kidnapped yesterday (Monday) by #HTS militants. He was from the village of Qarfis in the #Latakia countryside.
🔹The brothers Azdashir… pic.twitter.com/c5oVkpmwgV
Silencio internacional y fractura interna
A pesar de las denuncias crecientes, ni Naciones Unidas ni las potencias regionales han condenado públicamente los desalojos forzosos. La narrativa de estabilidad promovida por Damasco y aceptada tácitamente por actores como Emiratos Árabes Unidos o Turquía ha servido para encubrir los abusos.
El giro del gobierno interino contra los alawitas parece responder a una estrategia de consolidación autoritaria: desplazar a la población tradicional asociada al régimen anterior para dar paso a una élite nueva, más leal al poder actual que a las divisiones sectarias previas.
Una deuda con los que resistieron
Durante la guerra, la comunidad alawita sostuvo con coraje el frente de batalla, defendiendo la soberanía de Siria contra amenazas internas y externas. Encabezaron las unidades más expuestas, resistieron sanciones y bombardeos, y pagaron un alto precio humano en defensa del Estado nacional liderado por Bashar al-Assad.
Hoy, tras la imposición del gobierno interino y el colapso institucional promovido desde el exterior, los mismos que defendieron la integridad territorial son despojados por nuevos actores que se presentan como legítimos pero carecen de arraigo. Lejos de protegerlos, el nuevo poder los ignora o los reprime.
Latakia, símbolo de la resistencia popular durante más de una década, se ha convertido en una advertencia: cuando las lealtades son descartadas por conveniencia, la estabilidad futura de Siria corre un riesgo aún mayor.