
Un megaoperativo encabezado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desalojó este fin de semana a unos cinco mil manteros que ocupaban ilegalmente el parque Los Andes, en el barrio de Chacarita. El despliegue comenzó anoche, pasadas las 21, y contó con la participación de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y 110 inspectores de Espacio Público.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron más de 6.700 bultos de mercadería, 127 estructuras de armado de puestos y 112 hierros de estructuras metálicas. Además, se secuestraron dos camionetas sin documentación ni verificación técnica vehicular (VTV). En las fotos se pueden ver el antes y el después del desalojo.
El parque, ubicado en el polígono entre las avenidas Jorge Newbery, Guzmán y Corrientes, se había convertido en un punto de venta ilegal durante los fines de semana y feriados (sector 3). Según relataron vecinos y comerciantes, desde hacía meses el lugar estaba ocupado por vendedores que ofrecían productos como ropa, tecnología, comida, antigüedades y libros.
Este operativo se sumó a otros realizados en puntos críticos de la Ciudad como Once, la avenida Avellaneda en Flores, Retiro, la peatonal Florida, Plaza Constitución, Parque Centenario y Parque Patricios, donde también se logró desalojar a vendedores ilegales y recuperar el espacio público. En varios de estos casos, y por orden judicial, se decomisó mercadería en depósitos y talleres textiles clandestinos.
“La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos y desarrollan sus actividades de manera formal”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
En paralelo, el parque Los Andes cuenta con una feria legal que agrupa a 310 puestos de emprendedores, feriantes y artesanos con permisos habilitantes. Allí se comercializan productos hechos a mano en cuero, tela, vidrio, papel, así como artículos de decoración y bijouterie.
“El control y el dominio de la calle es del Estado y tiene que ser garantizado para que los vecinos puedan circular y que las actividades sean legales”, agregó el jefe del Ejecutivo comunal.
La intervención fue coordinada junto con la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas, a cargo de Celsa Ramírez por secretaría única de Daniel González.