Javier Milei, Chiqui Tapia y una negociación clave para el futuro del fútbol

En los últimos días empezó a explotar una bomba en las siempre complicadas tesorerías de los clubes del fútbol argentino. Se trata de la entrada en vigencia de la derogación del famoso Decreto 1212 y el fin de los beneficios fiscales para los clubes.

En la práctica, significaba que las instituciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que comanda Claudio Tapia, operaban con un régimen distinto al de cualquier otro contribuyente. Es decir, no pagaban sus obligaciones previsionales de forma directa a sus empleados, sino que se hacía a través de un sistema especial.

Hasta hace unos días, existía un fondo que se financiaba con una alícuota del 7,5% de todo lo recaudado por venta de jugadores, entradas y derechos de televisión, entre otras fuentes. Además, los clubes contaban con el beneficio de no tener que depositarlos mensualmente sino que se les daba un plazo extra.

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el problema era que ese régimen generó un déficit fiscal de 7.000 millones, entre noviembre de 2023 y abril de 2024. Por eso, el Gobierno de Javier Milei impulsó su eliminación y estableció un plazo de seis meses para definir un nuevo sistema.

Manuel Adorni, Karina Milei y Chiqui Tapia en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Sin embargo, según pudo averiguar ND, las negociaciones recién están arrancando y todavía no se llegó a ningún acuerdo para establecer un nuevo régimen que sea eficiente y sostenible pero no le pegue de lleno a la economía de los clubes.

La eliminación del famoso decreto 1212 beneficia a los clubes más grandes como River y Boca, quienes eran los que aportaban mayor cantidad de fondos debido al volumen de la venta de sus jugadores. Por el contrario, perjudica a los clubes más chicos y con mayor cantidad de empleados.

Por ejemplo, en un club mediano de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra entre los históricos de la Primera División y tiene cerca de 540 empleados, el impacto es muy grande. Al déficit operativo mensual, se le sumarán 140 millones de pesos para afrontar de manera directa las contribuciones sociales.

El Régimen Especial de Seguridad Social de los clubes, nació durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2003 a raíz de una deuda muy grande que tenían los equipos de fútbol con el fisco. En su momento, sirvió para regularizar la situación de cientos de jugadores que no tenían aportes ni contribuciones y aliviar las castigadas economías de las instituciones.

Se fue extendiendo a lo largo de los años hasta que en 2019, el entonces presidente Mauricio Macri lo modificó porque generaba “un desfinanciamiento al régimen de seguridad social en detrimento del Estado”. Sin embargo, se reflotó a través de un nuevo decreto en octubre del 2023, ya con Alberto Fernández en la Presidencia.

En ese momento también se amplió para que incluya además de la Primera, al Nacional B, Primera B, Primera C, Federal A y B y al fútbol femenino. Es decir, todas las categorías de la AFA a lo largo y ancho del país tenían este beneficio. En la práctica, era un fondo solidario que compensaba la falta de aportes de algún club chico con los fondos que inyectaban al régimen los denominados grandes.