Intervienen la Policía de Rosario por una estafa millonaria con los fondos para el combustible

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe decidió intervenir por al menos 90 días la Unidad Regional II de Rosario tras detectarse una maniobra sistemática de malversación de fondos públicos destinados a la carga de combustible. El operativo derivó en 38 allanamientos simultáneos y en la detención de 17 personas, entre ellas 13 efectivos policiales y 4 civiles.

La medida fue anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien también informó que el jefe y el subjefe de la fuerza fueron apartados de sus cargos y serán reemplazados durante la intervención por el director general retirado Claudio Romano, reincorporado especialmente para asumir la jefatura con atribuciones plenas y reporte directo al ministerio.

En paralelo, la cartera ordenó una auditoría interna, a cargo de Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica, enfocada en el área de movilidad y los procedimientos de carga de combustible. La auditoría apunta a determinar responsabilidades funcionales más amplias y evaluar si otros agentes deben ser desplazados.

El fiscal José Luis Caterina, a cargo de la causa, explicó que todo comenzó hace diez meses con una denuncia anónima recibida por correo postal. A partir de allí, se detectó una red interna que manipulaba los sistemas de carga y los controles sobre los consumos, generando sobrefacturaciones estimadas en 45 millones de pesos mensuales, sobre un presupuesto total de 380 millones asignados al área de movilidad de la URII.

“Se trata de cargas de combustible en las que no se siguen los protocolos vigentes, lo que habilita a maniobras sistemáticas de apropiación de fondos públicos”, explicó Caterina. Parte de la operatoria se concentraba en una estación de servicio en particular, cuyos propietarios también están siendo investigados.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron unas 300 tarjetas Visa Flota en domicilios particulares, tarjetas que debían estar en manos de los choferes oficiales de cada patrullero y no bajo custodia personal. Este hallazgo confirma que la red operaba con conocimiento y participación de personal jerárquico, aunque, según el fiscal, ni el jefe ni el subjefe de la URII figuran entre los imputados por el momento.

El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Matías Merlo, también destacó que se trata de una estructura delictiva “incrustada dentro de la institución policial”, en la que sus integrantes “usaron sus atribuciones para perjudicar al Estado”.

LN