Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad: buscan llevarla de 16 a 14 años

La Cámara de Diputados comenzará este martes a debatir en comisión un proyecto impulsado por el Gobierno que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa también plantea un nuevo régimen de sanciones para menores de edad como penas alternativas y un enfoque de resocialización.

El oficialismo cuenta con el respaldo de los bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y sectores de Encuentro Federal. En contraposición, Unión por la Patria (UxP), la izquierda y organizaciones de derechos humanos ya manifestaron su rechazo. En las últimas horas también se sumó el presidente de la comisión de Pastoral Social, Dante Braida.

"No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz", expresó Braida, obispo de La Rioja.

Luego de varias postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó para hoy a las 16 al plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen. Participarán Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda, presididas por Rodríguez Machado, Manuel Quintar (La Libertad Avanza), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

El texto ya fue debatido en siete reuniones el año pasado y otras dos en marzo de este año, previas a la sesión sobre el acuerdo con el FMI. Aunque inicialmente el Gobierno buscaba establecer la edad de imputabilidad en 13 años para delitos graves, el consenso actual gira en torno a los 14 años, propuesta apoyada por el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador.

Entre los principales puntos del proyecto, se establece que los menores no podrán ser condenados a prisión perpetua y que el máximo de pena será de 20 años, incluso en casos de delitos múltiples. Además, se propone un enfoque integral de resocialización, que incluye programas educativos, formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos si fueran necesarios.

Otra novedad es la creación de la figura del “supervisor”, quien acompañará al joven en su proceso de rehabilitación e inclusión social. También se prevé la posibilidad de revisar la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, lo que permite el cumplimiento domiciliario del resto.

Además de la cárcel y el arresto domiciliario, el proyecto contempla institutos abiertos o especializados para menores. En casos de delitos menores, las sanciones podrán incluir servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricción de acercamiento a la víctima.

MFB