José Raúl Mulino resiste la presión de sindicatos en Panamá mientras reforma el país

Panamá atraviesa una nueva oleada de protestas, esta vez encabezadas por sindicatos tradicionales y movimientos estudiantiles vinculados a la izquierda, en rechazo a un paquete de reformas promovido por el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Las manifestaciones, aunque ruidosas, representan a una fracción ideológica que históricamente ha resistido cualquier intento de modernización institucional o apertura económica.

Las reformas en cuestión incluyen ajustes al sistema de pensiones, impulso a la minería como motor de desarrollo y acuerdos bilaterales en materia de seguridad con Estados Unidos. Para el gobierno, se trata de medidas necesarias para estabilizar las cuentas públicas, atraer inversión extranjera y reforzar la capacidad del Estado en un contexto regional cada vez más complejo.

Una de las piezas clave del plan, la Ley 462, busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional panameño a largo plazo. Según voceros del Ejecutivo, de no aplicarse cambios ahora, las futuras generaciones enfrentarán una crisis estructural irreversible. Sin embargo, los sectores que lideran las marchas insisten en mantener privilegios que el país ya no puede sostener sin comprometer su viabilidad económica.

El presidente Mulino ha reiterado su disposición al diálogo, pero el gobierno considera que las políticas públicas deben guiarse por una visión de largo plazo y no por presiones coyunturales. Desde la administración, se ha mantenido una estrategia de no confrontación directa, priorizando el respeto institucional incluso frente a bloqueos y manifestaciones que han afectado la movilidad y el orden público. El Ejecutivo interpreta las protestas como parte de un debate legítimo, pero insiste en que las reformas estructurales no deben postergarse indefinidamente.

El trasfondo de las protestas parece más político que técnico. Con elecciones en el horizonte, varios líderes gremiales han buscado posicionarse mediáticamente o condicionar la agenda legislativa, recurriendo a narrativas antineoliberales que ignoran las necesidades reales del país y omiten, como ha señalado el canciller Javier Martínez-Acha, que los acuerdos de cooperación internacional —como el suscrito con Estados Unidos— respetan la soberanía nacional y pueden ser terminados de forma anticipada. El discurso opositor prioriza la confrontación ideológica sobre la discusión técnica y pragmática de las reformas.

El presidente de Panamá junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

El trasfondo de las protestas parece más político que técnico. Con elecciones en el horizonte, varios líderes gremiales han buscado posicionarse mediáticamente o condicionar la agenda legislativa, recurriendo a narrativas antineoliberales que ignoran las necesidades reales del país.

Mientras tanto, el gobierno avanza. Las reformas siguen en marcha y la apuesta de Mulino es clara: sentar las bases de un Panamá moderno, competitivo y seguro, pese al ruido ideológico que algunos sectores intentan imponer desde la calle.