Desde el norte con fuego: armas de EE.UU. alimentan la violencia en México

Según el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, aproximadamente el 75% de las armas incautadas en el país entre octubre de 2024 y mayo de 2025 provienen de Estados Unidos. Estas armas, muchas de alto calibre y diseñadas para uso militar, son utilizadas por células del narcotráfico, alimentando una espiral de violencia especialmente en regiones como Guanajuato, Sonora y Baja California. El flujo constante de armamento desde el norte ha convertido a México en un campo de batalla donde los cárteles se arman con facilidad y superioridad frente a las fuerzas del orden. Esta realidad pone en evidencia una grave falla en los sistemas de control fronterizo y en la regulación del mercado armamentístico estadounidense, cuya laxitud sigue facilitando el ingreso masivo de armamento a territorio mexicano.

En respuesta, el gobierno mexicano puso en marcha la "Operación Frontera Norte" en febrero de 2025, una estrategia conjunta que involucra al Ejército, la Guardia Nacional y agencias estadounidenses. Hasta la fecha, ha resultado en más de 3.000 detenidos y la incautación de unas 2.600 armas. Sin embargo, los propios funcionarios reconocen que esas cifras representan solo una fracción del total que ingresa ilegalmente cada mes. Las rutas del tráfico, que atraviesan principalmente Texas, Arizona y California, continúan activas gracias a vacíos legales y falta de control efectivo en tiendas de armas en EE.UU.. La operación ha servido más como un gesto político que como un golpe decisivo contra las redes del crimen.

El gobierno mexicano ha llevado el tema a los tribunales. Demandó a fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de negligencia al permitir que su armamento llegue a manos criminales. La industria armamentística de EE.UU., amparada por leyes que garantizan amplias libertades comerciales, ha rechazado estas acusaciones. Las demandas han escalado hasta el Tribunal Supremo de EE.UU., en medio de un clima político ya tenso. El presidente Donald Trump, quien retomó el poder en 2025, ha condicionado la cooperación bilateral a un mayor compromiso de México en el control de la migración y el crimen, generando fricciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum. El litigio por las armas se ha convertido en un nuevo foco de confrontación política entre ambos países.

Más allá de las cifras, lo que está en juego es la capacidad de ambos países de actuar coordinadamente frente a una crisis estructural. El tráfico de armas no es solo un tema de seguridad, sino un reflejo de las asimetrías políticas, legales y económicas entre ambos lados de la frontera: la producción y venta desenfrenada en EE.UU., y el derramamiento de sangre en México. Este desequilibrio revela un sistema transnacional en el que uno produce y el otro paga las consecuencias. Sin una regulación más estricta del mercado estadounidense y un compromiso sostenido de inteligencia binacional, cualquier operación será apenas un paliativo frente a una maquinaria de muerte que ya ha cobrado miles de vidas. Además, el debate ético sobre la responsabilidad de los fabricantes y la permisividad del sistema legal estadounidense empieza a tomar fuerza, cuestionando no solo la logística, sino el modelo cultural que ampara el negocio de las armas.

🚨Ojo instituciones financieras 🚨
El tráfico de fentanilo, robo de combustible (huachicol) y contrabando de crudo robado de 🇲🇽 por la frontera suroeste con 🇺🇸, generan cientos de millones de dólares anuales 💰que benefician al crimen organizado. Así es como lo hacen 👇 pic.twitter.com/4JLykwekp4

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) May 8, 2025

Un ángulo poco abordado es el impacto que este flujo de armas tiene en las comunidades fronterizas mexicanas. Municipios pequeños que antes eran zonas agrícolas o comerciales se han visto transformados en corredores de violencia, donde las economías locales se han distorsionado por la presencia de cárteles bien armados. Este fenómeno ha generado desplazamientos internos, cierre de escuelas y mercados, y una desconfianza estructural en las instituciones de seguridad pública.

Asimismo, la falta de armonización legal entre ambos países permite que las armas cruzadas ilegalmente no puedan ser rastreadas con facilidad. La ausencia de un sistema compartido de trazabilidad y verificación impide hacer un seguimiento eficaz de las rutas y responsables, lo que beneficia directamente al crimen organizado transnacional.