El Congreso del Perú quiere borrarlo: buscan inhabilitar a Pedro Castillo por 10 años

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano admitió a trámite una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo que propone su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. La denuncia fue presentada por los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País) y Alejandro Muñante (Renovación Popular), quienes lo acusan de haber infringido la Constitución y cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

La acusación no se limita a Castillo. También abarca a exministros de su gabinete como Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, señalados por su participación en el intento de autogolpe. Sin embargo, se archivó la denuncia contra el exministro Gustavo Bobbio. Este proceso legislativo ocurre en paralelo a un juicio oral en curso, donde la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente, así como una reparación civil de 65 millones de soles. El caso representa uno de los procesos más severos que haya enfrentado un exmandatario en Perú desde el retorno a la democracia.

La vergüenza peruana. Aquí las palabras de Pedro Castillo con las que da Golpe de Estado y se convierte en un nuevo dictador. pic.twitter.com/C2aMwI9ZqK

— 💬 Jonathan Castro (@jsudaka) December 7, 2022

Castillo, por su parte, ha calificado el juicio como una "pantomima" y ha iniciado una huelga de hambre en señal de protesta. Aunque su defensa admitió que su mensaje fue inconstitucional, niegan que existiera una acción concreta de rebelión o conspiración. Este matiz jurídico será clave en el desenlace del juicio, pues plantea un debate profundo sobre la diferencia entre un acto simbólico y uno con consecuencias penales efectivas.

El intento de disolver el Congreso fue la acción que desencadenó su destitución por incapacidad moral permanente en diciembre de 2022, la tercera moción de vacancia que enfrentó durante su mandato. La reacción inmediata del Legislativo y de las Fuerzas Armadas, que se negaron a acatar sus órdenes, impidieron que la maniobra tuviera éxito. El proceso actual busca completar una sanción institucional duradera que lo excluya del juego político nacional.

Las imágenes de Pedro Castillo detenido por la Policía tras dar un Golpe de Estado. #LaEncerrona pic.twitter.com/i7v66v0JQL

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El trasfondo de esta nueva etapa legal es más amplio que un caso personal. Reabre viejos conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, y alimenta la narrativa de que en Perú la estabilidad democrática sigue siendo frágil y volátil. El enfrentamiento entre poderes y la falta de mecanismos eficaces para resolver disputas institucionales han generado una atmósfera de polarización persistente. El caso Castillo se inserta como un episodio más de una cadena de presidentes enfrentados al Congreso y apartados antes de terminar su mandato.

Desde un enfoque político, la ofensiva contra Castillo también tiene implicancias en el escenario actual. Su figura aún conserva capital simbólico entre sectores rurales y populares, que lo perciben como víctima de una élite limeña. A su vez, el uso del juicio político y de inhabilitaciones prolongadas ha sido criticado por sectores internacionales como un instrumento que erosiona la confianza en el sistema judicial y agrava la desafección ciudadana hacia las instituciones.

Más allá del aspecto legal, el caso vuelve a evidenciar las fracturas estructurales de la política peruana. Mientras algunos sectores reclaman justicia y sanción ejemplar, otros advierten que la ofensiva contra Castillo responde a un uso político del derecho penal. El resultado de esta denuncia podría redefinir el rumbo de la oposición, el equilibrio de poderes y la memoria de uno de los capítulos más controversiales de la democracia peruana.