
En una operación encabezada por la Policía de Buenos Aires y coordinada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, este viernes se realizaron catorce allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense. El despliegue fue parte de una investigación iniciada el 1 de abril para dar con una red dedicada al robo, acopio y venta ilegal de metales.
El operativo, supervisado por el juez Jorge Rodríguez y la Secretaría a cargo de Ignacio Calvi, permitió desarticular una organización criminal que operaba en los partidos de La Matanza (Rafael Castillo y San Carlos), Merlo, San Fernando, Vicente López y Tigre. La investigación fue impulsada por la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, que identificó una red compleja que comercializaba ilegalmentes metales sustraídos a empresas proveedoras de servicios esenciales.
Como resultado del procedimiento, se detuvo a ocho personas y se incautó una impresionante cantidad de material robado: 95 mil kilos de cables pertenecientes a la empresa Edenor, 4.070 kilos de cobre (entre cables y filamentos), 1.512 lingotes metálicos de aproximadamente 15 kilos cada uno, lo que suma 22.680 kilos, además de 2.342 kilos de aluminio compactado y 621 kilos de monedas de curso legal.
También se secuestraron 9.763.300 pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares, al menos quince cuadernos con anotaciones comerciales y maquinaria especializada para procesar los materiales, como compactadoras, peladoras y prensadoras.
Según las estimaciones preliminares, el valor total de lo secuestrado ronda los 900 mil dólares, lo que da cuenta de la magnitud de la operación ilegal.
Las primeras hipótesis apuntan a que los materiales, especialmente el cobre y el aluminio, eran robados de la infraestructura eléctrica y luego llevados a pequeños centros de acopio, donde eran procesados para su venta a fundidoras. Estas, a su vez, los compactaban para facilitar su exportación a países limítrofes.
“La sobrevaloración del cobre y el bronce en el mercado internacional, sumada a la demanda creciente y la falta de trazabilidad del origen, favoreció el auge de esta actividad delictiva”, advirtieron fuentes policiales a este portal.
El impacto del accionar de esta red sobre los servicios esenciales fue significativo: afectó gravemente la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en varias zonas del conurbano, generando cortes prolongados de luz, riesgos eléctricos y elevados costos de reparación para las operadoras y los usuarios.
La causa continúa en trámite bajo secreto de sumario, mientras los detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, robo agravado y daño a servicios públicos, entre otros. El juzgado analiza también la posible responsabilidad penal de las fundidoras involucradas en la cadena de exportación de los metales.
LN