
En medio de un creciente debate social y político, Francia se adentra en una de las discusiones más delicadas y profundas de su historia reciente: el derecho a morir. En un país con fuertes tradiciones humanistas, donde el sufrimiento al final de la vida ha sido objeto de intensos cuestionamientos durante décadas, el Gobierno ha decidido dar un paso audaz. Por primera vez, una ley propone regular la muerte asistida —también conocida como “ayuda médica para morir”—, lo que marcaría un giro histórico en la legislación francesa sobre el final de la vida. La iniciativa no surge en el vacío: responde a una sociedad cada vez más consciente del sufrimiento de los pacientes con enfermedades incurables, que exige libertad para decidir sobre su propia muerte en situaciones extremas. Pero el camino no está exento de obstáculos. Religiones, médicos, políticos y ciudadanos se encuentran hoy divididos frente a una pregunta tan incómoda como inevitable: ¿tenemos derecho a elegir cuándo morir?
Una ley que puede cambiarlo todo. Francia está a las puertas de un cambio profundo. Por primera vez, un proyecto de ley busca legalizar la “ayuda para morir”, abriendo la posibilidad de que pacientes con enfermedades graves e incurables puedan elegir cómo y cuándo poner fin a su vida, bajo estrictas condiciones médicas y legales.
La propuesta, presentada por el presidente Emmanuel Macron, ha generado un encendido debate entre quienes defienden el derecho a una muerte digna y quienes temen que se vulneren principios éticos fundamentales.
Según el proyecto, solo podrían solicitar la ayuda para morir las personas que:
Sean mayores de edad.
Tengan nacionalidad francesa o residencia estable en el país.
Padezcan una enfermedad incurable con un pronóstico vital comprometido a corto o medio plazo.
Sufran dolores físicos insoportables, sin alivio con cuidados paliativos.
Sean plenamente conscientes y capaces de tomar la decisión.
El procedimiento incluiría un equipo médico que evalúe cada caso, un plazo de reflexión de 48 horas y la posibilidad de que el paciente administre la medicación letal por sí mismo —o, en su defecto, con ayuda de un profesional o una persona elegida.
La opinión pública parece estar del lado del cambio. Según una encuesta de IFOP, el 82% de los franceses está a favor de legalizar la ayuda médica para morir, y otro sondeo encargado por el Gobierno reveló que el 76% de una convención ciudadana —compuesta por 184 personas elegidas al azar— apoyó esta medida.
Estos datos muestran un fuerte respaldo social y una creciente demanda de opciones más humanizadas al final de la vida.
El proyecto excluye a personas con enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas que alteren el discernimiento, como el Alzheimer, y subraya que la voluntad del paciente debe mantenerse hasta el último momento. Además, no se permitirá en menores de edad bajo ninguna circunstancia.
En paralelo, el Gobierno ha prometido una inversión de 1.100 millones de euros para mejorar los cuidados paliativos en los próximos diez años, asegurando que esta nueva ley no reemplace los tratamientos de alivio, sino que complemente un abanico de opciones.
El tema ha reavivado tensiones entre sectores políticos, médicos y religiosos. Si bien gran parte de la izquierda y algunos sectores del oficialismo apoyan la iniciativa, los partidos conservadores y representantes de la Iglesia Católica han expresado su preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de desviar la medicina de su misión central: cuidar, no provocar la muerte.
La falta de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional anticipa un debate parlamentario intenso y prolongado que podría extenderse hasta el verano de 2025.
Francia se encuentra frente a una encrucijada. ¿Debe un Estado permitir que un ciudadano, en condiciones extremas, elija cómo morir? ¿Es más compasivo aliviar el sufrimiento o preservar la vida a toda costa?
La respuesta no será simple, pero el debate está más vivo que nunca. Y con una sociedad mayoritariamente a favor, el país se prepara para discutir, quizás como nunca antes, el derecho a morir con dignidad.