El Congreso endurece el Código Penal: fin de la inmunidad juvenil en Perú

El gobierno de Perú promulgó una nueva ley que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos cuando cometan delitos graves, como homicidio, violación o robo con armas. La iniciativa, impulsada por el Congreso, ha generado intensas reacciones en la opinión pública y en organizaciones internacionales de derechos humanos.

La norma modifica el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y fue justificada por sus impulsores como una herramienta necesaria para combatir el avance de la delincuencia juvenil, particularmente en zonas urbanas donde los delitos cometidos por menores se han incrementado en frecuencia y violencia.

Desde el Ejecutivo, se ha afirmado que la medida busca recuperar el principio de autoridad y restablecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia. El gobierno subraya que se trata de una acción excepcional, aplicable solo a casos de delincuencia reiterada y de alta lesividad, y que se garantizará el debido proceso.

No obstante, organismos como Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo han cuestionado duramente la ley, señalando que contradice los estándares internacionales de protección a la infancia y puede vulnerar los principios de rehabilitación y reinserción consagrados en tratados suscritos por el propio Estado peruano.

Expertos en justicia juvenil advierten que equiparar el tratamiento penal de adolescentes con el de adultos no solo no disuade la criminalidad, sino que puede agravar los niveles de reincidencia, al exponer a los menores a entornos penitenciarios altamente violentos y sin programas efectivos de rehabilitación.

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Los jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos graves serán imputables, según la ley aprobada por el Congreso y que ha sido rechazada por el Poder Judicial y la Fiscalía. (jc)https://t.co/NuwyBl1P2b

— DW Español (@dw_espanol) May 12, 2025

En respuesta, el Ministerio de Justicia ha anunciado la elaboración de protocolos especiales para asegurar la protección de los derechos de los adolescentes involucrados bajo esta nueva legislación, y ha invitado a organismos internacionales a participar en el seguimiento de su implementación.

La ley ya entró en vigencia y se espera que las primeras aplicaciones judiciales comiencen en las próximas semanas. Mientras tanto, el debate en torno a la eficacia, pertinencia y legitimidad de esta reforma penal seguirá marcando la agenda política y social del país.Reforma judicial