¿Se convierte El Salvador en el nuevo bastión contra el crimen transnacional?

Entre enero y abril de 2025, la administración de Donald Trump ordenó la deportación de más de 100 ciudadanos venezolanos hacia El Salvador, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación permite la expulsión acelerada de individuos considerados riesgosos para la seguridad nacional. Según fuentes oficiales, muchos de los deportados estarían presuntamente asociados al Tren de Aragua, una red criminal transnacional, motivo por el cual fueron asignados a centros penitenciarios de alta seguridad fuera del territorio estadounidense.

Un informe de Naciones Unidas identificó que una parte de estos individuos fue confinada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad promovida por el presidente Nayib Bukele en 2023. La ONU ha expresado preocupación por supuestas irregularidades procesales y denuncias de trato degradante. No obstante, tanto Washington como San Salvador justificaron la medida como una herramienta legítima para reforzar la cooperación regional contra estructuras criminales violentas.

Una nueva estrategia hemisférica

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que el programa forma parte de una nueva estrategia hemisférica para combatir organizaciones criminales regionales, evitando su proliferación en Estados Unidos. En este contexto, El Salvador fue elegido como país receptor debido a su infraestructura penitenciaria y su política de mano dura contra el crimen organizado.

Por su parte, el gobierno de Bukele ha mantenido silencio oficial sobre los detalles del acuerdo, pero fuentes diplomáticas indican que la cooperación incluye intercambios de información y apoyo logístico. La medida también ha sido interpretada como un respaldo indirecto de la Casa Blanca a la política de seguridad salvadoreña, pese a las críticas internacionales.

Críticas y respaldos divididos

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la legalidad del procedimiento, la falta de acceso a abogados y la posibilidad de detenciones arbitrarias. “Se deben respetar los estándares internacionales incluso en contextos de seguridad nacional”, indicó el portavoz del organismo.

Sin embargo, voceros de la administración Trump respondieron que los individuos deportados “representan un riesgo creíble” y que sus vínculos con redes delictivas justifican medidas excepcionales. Desde sectores conservadores, la política ha sido celebrada como un paso firme hacia la recuperación del control migratorio y la defensa del territorio frente a amenazas externas.

Venezolanos presos en El Salvador piden libertad ante las cámaras del TV . pic.twitter.com/rBSYQdhQvD

— Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) May 13, 2025

Claves para la interpretación

Aunque la práctica de enviar extranjeros considerados peligrosos a prisiones fuera de EE. UU. despierta controversias legales y éticas, refleja una tendencia creciente a externalizar la seguridad fronteriza en colaboración con gobiernos afines. En este contexto, El Salvador ha demostrado voluntad operativa y capacidad institucional para asumir un rol activo en la contención del crimen transnacional. Su disposición a colaborar no solo fortalece sus vínculos diplomáticos con Washington, sino que también lo posiciona como un socio estratégico en el nuevo mapa regional de seguridad.

La alianza tácita con San Salvador combina objetivos de seguridad hemisférica, control migratorio y lucha contra el crimen organizado, permitiendo una acción conjunta que trasciende las fronteras nacionales. El debate queda abierto entre quienes priorizan el respeto al debido proceso y quienes ven en esta política una herramienta pragmática frente a amenazas complejas, que requiere cooperación efectiva más allá de consideraciones formales.