
La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) es investigada por múltiples causas judiciales, denunciada por intendentes, cuestionada por gremios municipales y desbordada por auditorías provinciales que exponen un esquema de contrataciones dudosas, la entidad parece haber optado por una estrategia que levanta nuevas alertas: una ofensiva mediática basada en información falsa y causas ya desestimadas por la Justicia.
Su presidente, Bernardino García, quien junto al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio figura en el centro de un entramado de negocios millonarios con el Estado bonaerense, por estas horas apunta desesperadamente a tapar información proveniente de su teléfono móvil.
Días atrás la Justicia allanó la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata (UTN - FRLP) al encontrar inconsistencias en distribuciones realizadas por CECAITRA, en perjuicio de los municipios, lo que motivó pedidos de informes del Tribunal de Cuentas y rescisiones por parte de diversos municipios.
La malversación de fondos preocupa profundamente a las autoridades de CECAITRA debido a las enormes sumas que eventualmente deberán resarcir a raíz de las diferencias retenidas en perjuicio de las comunas.
La investigación es liderada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi reveló que CECAITRA operó más de 150 cinemómetros sin contar con las habilitaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que no sólo invalida las multas emitidas, sino que también podría obligar a los municipios a devolver lo recaudado.
En forma paralela, se investiga un esquema de “gestores” que ofrecían descuentos ilegales en multas con el guiño de jueces de faltas, y una trama de concesiones de Verificación Técnica Vehicular (VTV) con comisiones sospechosamente elevadas.
Con la Justicia acorralando a CECAITRA, está decidido a salir al cruce con una serie de artículos y operaciones mediáticas que buscarán instalar un relato alternativo: apuntan contra sus críticos, desacreditan a los denunciantes y reactivan causas judiciales ya archivadas para alimentar titulares funcionales a su defensa pública.
Según varias fuentes consultadas sobre el tema, coinciden en que representantes de CECAITRA y del entorno del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio comenzaron a contactar a periodistas y medios de comunicación con propuestas que, más que entrevistas o gacetillas, rozan la lógica de la propaganda paga.
Más allá de que no puede afirmarse que haya existido una compra directa de voluntades -algo que sólo la Justicia podría confirmar-, lo cierto es que varios portales se preparan para publicar contenidos claramente alineados con los intereses de la entidad, incluso cuando los hechos judiciales desmienten esa versión.
“No es nuevo que ciertos medios jueguen a favor de quien paga mejor. Lo grave es que en este caso están defendiendo un sistema de recaudación irregular, que afecta directamente a los recursos de los municipios y al bolsillo de los contribuyentes”, manifestó un intendente del conurbano bonaerense.
Mientras la Justicia avanza, CECAITRA intenta ganar tiempo instalando un relato alternativo en medios que, por conveniencia o convenios, reproducen sin cuestionar. Pero las causas penales, los allanamientos, las auditorías y la presión de la opinión pública configuran un panorama bastante negro en el corto plazo.