
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles una serie de reformas en la política migratoria argentina, que endurecen las condiciones para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, e introducen nuevos criterios para el acceso a servicios públicos por parte de extranjeros.
"De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”, aseguró Adorni durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, sin aceptar preguntas.
Además, se eliminará la posibilidad de otorgar la ciudadanía a personas que entren o permanezcan en situación irregular, y se exigirá una residencia continua de al menos dos años en el país para quienes deseen naturalizarse.
Otro de los puntos salientes de la reforma es el arancelamiento de los servicios de salud para inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporarios. “Quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico”, indicó Adorni, y agregó que “se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean”.
La medida, que se implementará mediante un decreto, fue justificada por el funcionario al considerar que “la normativa actual invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad".
MFB