La ONU exige a Xiomara Castro terminar el estado de excepción en Honduras

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió el 15 de mayo una advertencia contundente al gobierno de Honduras: poner fin de inmediato al estado de excepción vigente desde diciembre de 2022 y revisar su estrategia de seguridad. El reclamo, aunque diplomático, es una señal clara de inquietud internacional a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La medida, instaurada como herramienta para combatir el crimen organizado y las pandillas, ha sido prorrogada 17 veces mediante decretos ejecutivos, aunque solo 5 de ellos han sido ratificados por el Parlamento hondureño, lo que genera un vacío de legitimidad institucional. La OACNUDH también recordó que el Estado hondureño no ha informado oficialmente al Secretario General de la ONU, tal como exige el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El estado de excepción suspende seis garantías constitucionales clave, entre ellas la libertad de movimiento, asociación y el derecho a la defensa. Según la ONU, esta situación ha derivado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y presuntas ejecuciones extrajudiciales, hechos que vulneran gravemente los derechos humanos en nombre de la seguridad.

Desde Tegucigalpa, el gobierno ha defendido la medida como una respuesta “necesaria” ante la escalada de violencia. Sin embargo, el prolongado uso de una herramienta de emergencia ha empezado a desdibujar la frontera entre legalidad y excepcionalidad. Para la OACNUDH, extender el estado de excepción sin control legislativo ni supervisión internacional erosiona las bases democráticas, especialmente en año electoral.

El organismo internacional ofreció asistencia técnica para ayudar a Honduras a construir políticas públicas de seguridad más sostenibles, preventivas y respetuosas de los derechos humanos. La propuesta fue acompañada de una advertencia: el entorno actual pone en riesgo la transparencia electoral y la participación libre de la ciudadanía.

Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han señalado que la militarización del orden público bajo este régimen no ha logrado una mejora sustancial en la seguridad, y que los sectores más vulnerables —jóvenes y comunidades marginales— son quienes más sufren los abusos.

ONU exhortó a Honduras a revisar y ajustar su estrategia de seguridadhttps://t.co/7nEJrOkLgz pic.twitter.com/mfWDnK6V5a

— hondu news (@hondunewshnn) May 15, 2025

Conclusión

El caso hondureño plantea una tensión clásica en América Latina: ¿cuánto se puede restringir la libertad para garantizar el orden? En lugar de reformar las instituciones policiales y judiciales, el gobierno ha optado por prolongar una herramienta de excepción como si fuera una política pública permanente. La crítica de la ONU no es solo un llamado legal, sino una advertencia política: una democracia que suspende derechos para “garantizar seguridad” puede terminar vaciándose de sentido.