Gustavo Petro consolida su alianza con los pueblos indígenas del sur de Colombia

Las comunidades indígenas del sur de Colombia reiteraron su respaldo al presidente Gustavo Petro tras su participación en el Primer Congreso de las Autoridades Territoriales Tradicionales Indígenas del Suroriente (ATTIS), celebrado en La Chorrera, Putumayo. Aunque el Resguardo Gran Predio Putumayo fue constituido oficialmente en 1988, el encuentro representó un nuevo impulso a las demandas históricas de autogobierno, justicia propia y consolidación territorial.

El evento no implicó la creación de nuevos resguardos ni la entrega de títulos, sino el respaldo institucional del Estado a estructuras tradicionales de gobierno indígena, en línea con las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) contempladas por la Constitución de 1991 pero nunca implementadas plenamente. Este gesto político, más que jurídico, fue interpretado por las comunidades como un avance hacia su autodeterminación.

Reconocimiento político en un contexto polarizado

La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) saludó la participación estatal como una "reparación histórica" largamente esperada. Diversos voceros destacaron que, pese a la existencia formal del resguardo desde hace más de tres décadas, el Estado había ignorado hasta ahora la necesidad de dotar a las comunidades de herramientas reales para ejercer su soberanía territorial.

En un momento de creciente polarización y con desafíos en materia de gobernabilidad, el respaldo indígena se configura como un activo político clave para Petro. Desde su campaña presidencial, el mandatario prometió un “Gobierno con los pueblos”, y ha impulsado mesas de concertación con representantes indígenas sobre desarrollo rural, cambio climático y justicia étnica.

Autonomía más allá del papel

Las acciones recientes no modifican el estatus legal del Gran Predio Putumayo, que ya cuenta con más de 5.8 millones de hectáreas reconocidas desde 1988. Sin embargo, la institucionalización de foros como el Congreso ATTIS, la validación de autoridades tradicionales y el apoyo a sus planes de vida marcan un avance hacia la gobernanza autónoma y el fortalecimiento de identidades territoriales.

Pueblos como los Murui, Koreguaje, Siona, Inga, Bora y Muinane han sufrido históricamente los embates del conflicto armado, la minería ilegal y la deforestación. En ese marco, el respaldo simbólico del gobierno nacional actúa como una barrera política ante amenazas que siguen presentes.

Amazonía, justicia climática y saber ancestral

El apoyo de Petro a estas comunidades también se inscribe en su estrategia internacional de justicia climática. El presidente ha insistido en que la protección de la Amazonía no puede separarse de la defensa de quienes la habitan ancestralmente. Bajo su gobierno, se ha promovido una “economía descarbonizada” con protagonismo indígena en la custodia del bosque tropical.

Aunque no se anunció una ampliación territorial específica, el simbolismo del acto político fue claro: reforzar la alianza con quienes han sido guardianes ambientales por generaciones. Esta línea narrativa fortalece a Petro tanto a nivel interno como en foros internacionales donde Colombia busca posicionarse como referente climático.

Petro con los candidatos del movimiento indigena en 2017. 

Conclusión: consolidación sin papeles nuevos

El 2025 no marcó un nuevo reconocimiento legal para el Gran Predio Putumayo, pero sí la reafirmación de una de las alianzas más sólidas del actual gobierno. Petro no otorgó títulos ni redefinió fronteras, sino que apostó por el fortalecimiento institucional de las comunidades que ya habitan y gobiernan estos territorios.

En un país fracturado por conflictos históricos y desconfianza regional, gestos como este representan un capital político significativo. Para las comunidades indígenas, el respaldo presidencial a sus estructuras de autonomía es un paso tangible hacia una Colombia más plural y descentralizada.