
Perú vive atrapado en una espiral de crisis política que parece haberse vuelto endémica. La reciente renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien enfrentaba cuatro mociones de censura, expuso nuevamente la fragilidad institucional del gobierno de Dina Boluarte.
En menos de dos años de mandato, la presidenta ha nombrado 66 ministros, una cifra que refleja no solo inestabilidad, sino también la ausencia de un proyecto de gobierno coherente.
La salida de Adrianzén se produjo en medio de la indignación nacional tras el asesinato de 13 mineros. La reacción tardía del Ejecutivo, que inicialmente minimizó el hecho, agravó la percepción de desconexión entre el gobierno y los problemas reales del país.
Lejos de responder con una renovación profunda, Boluarte designó como nuevo primer ministro a Eduardo Arana, exministro de Justicia, cuya trayectoria está marcada por críticas a su cercanía con sectores conservadores y supuestos vínculos con la red de corrupción “Los Cuellos Blancos”.
La composición del nuevo gabinete mantiene a figuras cuestionadas y no da señales claras de reformas estructurales. En consecuencia, la percepción ciudadana de que el Ejecutivo se sostiene por arreglos de conveniencia más que por liderazgo efectivo se afianza. La confianza en las instituciones se deteriora mientras el Congreso, ampliamente impopular, tampoco ofrece una salida creíble.
Desde la destitución de Pedro Castillo en 2022, la democracia peruana parece vivir en estado de emergencia permanente. La gestión de Boluarte ha sido incapaz de articular una agenda nacional o de generar alianzas estables, y su gabinete se ha vuelto un símbolo de improvisación.
Este deterioro institucional tiene consecuencias profundas: deslegitimación del sistema político, aumento de la protesta social y debilitamiento del Estado frente a la inseguridad y el crimen organizado. La sucesión de gobiernos sin legitimidad plena alimenta el desencanto y el riesgo de que emerjan salidas autoritarias.
🚨 #Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra y Juan José Santiváñez Antúnez. pic.twitter.com/pAiNchFTht
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 17, 2025
La presidencia de Dina Boluarte, lejos de ofrecer estabilidad, se ha convertido en un testimonio de la crisis sistémica que atraviesa Perú. El país necesita mucho más que cambios de gabinete: requiere una reforma política profunda, que reactive la representación ciudadana y reconstruya la legitimidad perdida. De lo contrario, el ciclo de desgobierno seguirá reproduciéndose indefinidamente.
El reto está en abrir un camino institucional que permita elecciones limpias, transparentes y con opciones realistas que recuperen la confianza ciudadana. Sin esa renovación profunda, el sistema seguirá deslizándose hacia la irrelevancia, dejando a la población a merced del desgobierno y la desesperanza.