
La mayoría de los estudiantes de la UNAM dedica entre seis y doce horas diarias al campus y gestiona un presupuesto semanal de entre 200 y 500 pesos, que debe cubrir transporte, materiales académicos y alimentación. Ante estos límites económicos y de tiempo, una parte considerable opta por llevar comida preparada en casa, mientras otros recurren a opciones rápidas y accesibles en puestos callejeros y tienditas universitarias.
Alrededor de la zona universitaria, los puestos ambulantes ofrecen platillos como barbacoa y mariscos a precios que oscilan entre 30 y 70 pesos, aunque existen riesgos sanitarios asociados a su consumo. Dentro del campus, las tienditas universitarias comercializan productos ultraprocesados como tortas, molletes y hot dogs, que satisfacen la demanda inmediata pero carecen de un valor nutricional adecuado.
Aunque la UNAM dispone de cafeterías que ofrecen menús completos a un precio de entre 40 y 81 pesos, la cobertura no es homogénea y las filas para acceder a estos servicios suelen ser extensas. El programa de Apoyo Nutricional contempla 18.000 becas para comedor, pero la demanda supera ampliamente estas plazas, lo que deja desatendidos a numerosos estudiantes vulnerables.
En agosto de 2025, la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México implementarán el programa de Apoyo Nutricional Ampliado, que incluye comedores móviles y menús balanceados para atender a la población estudiantil en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la ausencia de un respaldo presupuestal federal suficiente dificulta la cobertura y sostenibilidad de estas iniciativas.
Las estrategias alimentarias empleadas por los estudiantes, como el ayuno prolongado y el consumo de bebidas energéticas, incrementan el riesgo de trastornos gastrointestinales y metabólicos, afectando su rendimiento académico a mediano y largo plazo.
La falta de un plan integral por parte del Gobierno federal evidencia una desconexión con las necesidades básicas de los estudiantes, cuya alimentación depende de medidas paliativas y ofertas informales. Sin una política alimentaria universitaria robusta y sostenida, persiste el riesgo de generar desigualdades en el acceso a una nutrición adecuada, con repercusiones en la salud pública y el desempeño educativo.