
La campaña electoral en Veracruz ha sido interceptada por una ola de violencia que expone, una vez más, el colapso del Estado frente al crimen organizado. Uno de los hechos más alarmantes fue el asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, abatida tras encabezar un mitin.
Este crimen se suma a una serie de amenazas, intimidaciones y atentados que han llevado a varios candidatos a solicitar protección especial al gobierno estatal. El PRI, en respuesta al vandalismo de su sede, suspendió sus actos proselitistas en diversas regiones. La campaña, en lugar de ser una fiesta cívica, se ha convertido en una carrera de supervivencia.
Ante el descontrol, el gobierno federal ha enviado elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General, aunque sin confirmar cifras oficiales del despliegue. El blindaje federal, sin embargo, evidencia más una crisis que una solución: el sistema electoral se desarrolla bajo tutela militar en uno de los estados clave para Morena.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, se vio forzada a convocar reuniones con autoridades federales para contener la crisis. El aparato estatal, que debería garantizar la integridad democrática, se muestra incapaz de enfrentar las estructuras criminales que dominan gran parte del territorio.
Reporta ante las autoridades toda situación sospechosa que identifiques en tu entorno. pic.twitter.com/XzLX8k089A
— FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) May 16, 2025
La violencia no solo cobra vidas, sino que distorsiona el proceso democrático. La elección está siendo manipulada por el miedo: el crimen organizado define en qué municipios se puede hacer campaña y quién puede ser candidato. Las zonas más peligrosas quedan sin presencia política visible, perpetuando la impunidad y el control territorial de las mafias.
Organismos civiles advierten que esta situación vulnera los principios básicos del voto libre y secreto. La violencia selectiva contra candidatos de todos los partidos demuestra que no se trata de una confrontación ideológica, sino de una guerra por el control del poder local.
Once again an electoral candidate was murdered in #Mexico 🇲🇽.
— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 13, 2025
Yesenia Lara, Gutiérrez, a candidate of the Morena party running for mayor in the town of Texistepec (#Veracruz state) was gunned down on Sunday night while holding a campaign rally in the streets. pic.twitter.com/qRggjD8GVY
Veracruz no es ajeno a estas dinámicas. Durante años ha sido uno de los estados con mayores índices de desapariciones, homicidios dolosos y connivencia entre autoridades y crimen. A cada nuevo proceso electoral, el mapa de violencia se actualiza, pero las estructuras se mantienen.
Mientras en otros estados como Durango la campaña transcurre en relativa calma, la situación veracruzana actúa como termómetro del deterioro institucional en México. Allí donde el Estado no llega, gobiernan las balas.
El despliegue de fuerzas federales no debe leerse como un gesto de fuerza, sino como el reconocimiento tácito del fracaso de las instituciones locales. En lugar de garantizar condiciones de equidad, el gobierno responde tarde, y con medidas reactivas, a una crisis que se repite cada seis años. La militarización del proceso electoral no es una garantía democrática: es su síntoma terminal.