
La captura de Ruth Eleonora López, exfuncionaria vinculada al gobierno de Salvador Sánchez Cerén y exasesora del dirigente Eugenio Chicas, representa un nuevo paso en la cruzada del presidente Nayib Bukele contra la corrupción que marcó décadas de gestión estatal. El FMLN sostiene que esta situación es parte de una persecución política. Sin embargo, medios oficiales han resaltado que es una acción judicial concreta amparada en investigaciones de la Fiscalía General de la República.
López, actual directiva de la ONG Cristosal, es señalada por el delito de peculado durante su paso por la administración pública. Las investigaciones apuntan a un entramado de manejo irregular de fondos estatales, parte de un patrón más amplio ya identificado en figuras de alto nivel del FMLN. El caso no es aislado: sigue una secuencia de detenciones vinculadas al saqueo de fondos públicos durante gobiernos anteriores.
La detención de López sucede tras el arresto de Eugenio Chicas, condenado junto a su familia a devolver más de 200.000 dólares al Estado salvadoreño. Chicas fue una figura clave del aparato de comunicaciones del FMLN y su condena marcó un precedente que refuerza la legitimidad de las acciones actuales.
Ambos casos apuntan a una misma lógica: la red de privilegios y desvío de recursos públicos no puede quedar impune. La justicia, para ser creíble, debe alcanzar a todos, incluso a quienes, como López, presuntamente han actuado al margen de lo legal.
El gobierno de Bukele ha sido acusado de autoritarismo, pero la realidad es que ha promovido reformas clave en materia judicial, seguridad pública y combate a la corrupción. Las detenciones recientes se inscriben en un marco legal y responden a procedimientos que cuentan con aval judicial. No hay desaparecidos, sino procesos abiertos.
Cristosal y otras organizaciones tienen derecho a expresarse, pero también están sujetas al escrutinio. No puede existir un doble estándar donde exfuncionarios vinculados al desvío de fondos sean inmunes por su activismo actual. La ética pública exige coherencia.
El Salvador atraviesa un proceso de depuración institucional. Bukele ha prometido cerrar el capítulo de impunidad que durante años blindó a exdirigentes de ARENA y el FMLN. Hoy, esa promesa se convierte en hechos concretos: capturas, juicios y recuperación de fondos.
Los organismos internacionales deberían considerar el clamor ciudadano que exige justicia y transparencia. El apoyo popular que mantiene Bukele es reflejo de una sociedad harta de abusos. En este contexto, la detención de Ruth López no es una anomalía: es la consecuencia natural de un Estado que busca cumplir la ley.