
En solo cinco meses, México duplicó el número de personas privadas de libertad en situación de sobrepoblación carcelaria, pasando de 10.157 internos en exceso a 20.212, según cifras oficiales recopiladas hasta marzo de 2025. El número de centros penitenciarios saturados creció de 118 a 133, en un fenómeno que expertos califican como "explosivo y estructural".
La situación es particularmente grave en el Estado de México, donde el número de internos que exceden la capacidad carcelaria alcanza los 22.048. Le siguen Sonora y Durango, mientras que otras entidades como la Ciudad de México y Baja California aún conservan márgenes de capacidad, aunque bajo presión.
Uno de los principales factores detrás del desborde es la parálisis del sistema judicial durante el proceso electoral. Muchos fiscales y jueces han congelado trámites, audiencias y sentencias, lo que ha frenado las excarcelaciones y acentuado la saturación de los centros penitenciarios.
A este fenómeno se suma el aumento de detenciones por delitos con prisión preventiva oficiosa, una figura jurídica que impone encarcelamiento automático sin juicio previo. Según datos de marzo de 2025, más de 12.373 personas encarceladas aún no tienen sentencia, lo que refleja el colapso institucional.
Organizaciones como AsíLegal han advertido sobre los riesgos que implica este contexto: motines, fugas, homicidios, y violaciones sistemáticas de derechos humanos. En varios penales del país se han reportado recientemente muertes violentas y condiciones de insalubridad alarmantes.
El director de la ONG, José Luis Gutiérrez, calificó la situación como “una bomba de tiempo” y denunció que muchas cárceles carecen de servicios médicos, alimentos suficientes y personal capacitado, agravando el riesgo de crisis sanitarias y descontrol interno.
En varios estados se han documentado casos extremos de hacinamiento: celdas diseñadas para cuatro personas albergan hasta treinta reclusos. Estas condiciones violan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, también conocidas como Reglas Nelson Mandela.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que más de la mitad de los centros penitenciarios mexicanos presentan fallas graves: falta de seguridad, higiene, programas de reinserción y respeto a la dignidad humana.
La crisis carcelaria en México es el reflejo de un sistema judicial estancado, un poder político ausente y un modelo penitenciario que olvida la reinserción social para concentrarse en el castigo inmediato. La expansión del uso de la prisión preventiva como solución política a la inseguridad ha creado un cuello de botella que ahora amenaza con desbordarse por completo. Si el Estado no actúa con rapidez, el hacinamiento no solo será un problema legal y humanitario, sino también una crisis de seguridad nacional.