Milei endurece las reglas para las huelgas en servicios esenciales

21/05/2025 | Un decreto obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de funcionamiento en áreas clave como salud, educación y transporte, para limitar el uso político de los paros

En un giro firme hacia la reforma del Estado, el presidente Javier Milei firmó junto a su Gabinete el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que redefine el derecho a huelga en Argentina y amplía la lista de actividades consideradas esenciales.

La nueva normativa establece que sectores estratégicos como la educación primaria y secundaria, el transporte, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial y el comercio exterior deberán mantener un nivel mínimo de actividad del 50% al 75% incluso durante medidas de fuerza sindicales.

La medida tiene como objetivo asegurar el funcionamiento continuo de servicios fundamentales para la vida cotidiana de la población y poner fin a lo que el Gobierno considera un uso extorsivo de las huelgas con fines políticos.

Según el texto del decreto, en las actividades calificadas como “servicios esenciales” la cobertura no podrá ser inferior al 75%, mientras que en aquellas de “importancia trascendental” el mínimo será del 50%.

Hasta ahora, solo unos pocos sectores como hospitales, agua potable, energía, telefonía y control aéreo estaban alcanzados por estas restricciones.

Con la reforma, el Ejecutivo busca evitar que los paros interrumpan funciones vitales del país, algo que en el pasado fue habitual, especialmente por parte de sindicatos alineados con el kirchnerismo.

Desde el oficialismo se enmarca esta decisión dentro de una política más amplia orientada a reducir privilegios sindicales y fortalecer el orden institucional.

“Nada quedará fuera de la ley”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al defender la nueva regulación. Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, optó por no detallar cómo se aplicarán los nuevos límites.

La medida, sin embargo, ya provocó rechazo en sectores sindicales de izquierda, que denuncian un intento de cercenar derechos laborales.

A pesar de las críticas, el Gobierno ratificó su compromiso con una administración más eficiente, con reglas claras y menor poder discrecional para los gremios.