
El Senado brasileño aprobó el 21 de mayo un proyecto de ley que flexibiliza las reglas para otorgar licencias ambientales, principalmente para obras consideradas de bajo o medio impacto. La medida busca destrabar la infraestructura crítica en sectores como saneamiento, energía y transporte, que a menudo enfrentaban demoras prolongadas debido a la burocracia ambiental.
Con 54 votos a favor y 13 en contra, la votación refleja un amplio consenso político a favor de una reforma largamente esperada por los sectores productivos. La propuesta fue impulsada con el respaldo de la bancada agroindustrial, pero también cuenta con apoyo dentro del propio gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre sus defensores se encuentran el jefe de gabinete Rui Costa y varios senadores vinculados al desarrollo regional.
El nuevo marco legal no elimina el sistema de licencias, sino que introduce mecanismos como el "autolicenciamiento" para intervenciones de menor riesgo. Así, se permite que empresas certifiquen el cumplimiento de requisitos mediante declaraciones responsables, reduciendo la carga sobre órganos federales como Ibama. Estas instituciones seguirán fiscalizando los proyectos con criterios técnicos.
La ley también contempla excepciones y resguardos. Proyectos que afecten áreas indígenas, zonas protegidas o biomas sensibles seguirán requiriendo estudios más rigurosos y autorizaciones especiales. "No se trata de desproteger el medio ambiente, sino de adaptar el Estado a los desafíos del siglo XXI", declaró el senador relator de la propuesta.
O Senado está votando o novo marco legal do licenciamento ambiental. A ideologia travou o Brasil por tempo demais. Hoje demos mais um passo rumo a um país que respeita o meio ambiente, mas que não aceita mais ser refém da burocracia.
— MARCOS ROGÉRIO (@MarcosRogerio) May 21, 2025
Fui relator dessa matéria na Câmara e sigo… pic.twitter.com/OFC9i6RK7P
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, expresó su rechazo al proyecto, argumentando que representa un "retroceso regulatorio". Sin embargo, sus objeciones no impidieron que gran parte del oficialismo acompañara la iniciativa. En ese sentido, el gobierno parece estar buscando un equilibrio entre su compromiso internacional con la sostenibilidad y las urgencias del desarrollo económico.
Grupos ambientalistas como Greenpeace y el Observatorio del Clima cuestionaron el menor grado de participación ciudadana en ciertos trámites, especialmente en comunidades vulnerables. Aun así, otros expertos señalaron que la nueva norma permite avanzar hacia una mayor eficiencia sin desmontar los marcos de protección ambiental.
Brasil se prepara para ser anfitrión de la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém. En este marco, el gobierno busca mostrar avances tanto en metas ambientales como en crecimiento sostenible. "Una economía verde necesita infraestructura moderna y procesos ágiles", afirmó un asesor del Ministerio de Planificación.
La reforma ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso. De ser aprobada, podría marcar un antes y un después en la relación entre desarrollo y sostenibilidad en Brasil.
El camino hacia la #COP30 continúa en la Semana del Clima Panamá 2025.
— MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) May 21, 2025
La ministra @LenAmazonas sostuvo un encuentro con Ana Toni, Chief Executive Officer de la COP30, para impulsar la integración entre biodiversidad y cambio climático como eje central de la agenda en Brasil. pic.twitter.com/omMvyTXaFr
Esta legislación representa una apuesta audaz por modernizar el Estado sin renunciar a los compromisos ecológicos. Brasil necesita crecer y generar empleo, y para ello es imprescindible eliminar cuellos de botella administrativos. Siempre que se garantice la fiscalización efectiva y el respeto por las áreas sensibles, este tipo de reformas pueden fortalecer la gobernanza ambiental en lugar de debilitarla.