
Las autoridades provinciales consideran que esta medida conllevaba el riesgo de agravar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y las economías del delito.
El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, había expresado su preocupación en declaraciones a Cadena 3 Rosario, indicando que "los riesgos se veían agravados". Enfatizó entonces la necesidad de acelerar y fortalecer los mecanismos de control para obstaculizar que el dinero ilícito fuera utilizado por la narcocriminalidad.
El Ejecutivo provincial a cargo de Maximiliano Pullaro entendió que la lucha contra las mafias en Santa Fe era un “mandato indeclinable”. Por ello, se tomarán las medidas que considere necesarias para evitar que cualquier decisión tomada a nivel nacional impacte negativamente en la seguridad pública de la provincia. La principal preocupación fue mantener controles estrictos para impedir que el dinero generado por actividades criminales ingrese al sistema económico formal.
Cabe recordar que, en un blanqueo de capitales anterior, el gobierno santafesino ya había investigado a quienes habían adherido, con el objetivo de verificar que ningún fondo proviniera directamente de actividades ilegales o de organizaciones delictivas que intentaran blanquear su capital. Esta experiencia previa respaldó la determinación de la provincia en su accionar frente a esta nueva situación.