Entre Ríos: máxima tensión contra Frigerio por la obra social provincial

Mientras el mandatario defendía la creación de la Obra Social Entre Ríos (OSER), miles de manifestantes de la Intersindical salieron a las calles, marcando un claro rechazo a la iniciativa y un desafío directo a la gestión gubernamental.

Frigerio defendió su propuesta, argumentando que OSER busca "ordenar el sistema" y "mejorar la atención de los afiliados". En sus declaraciones, el gobernador acusó a los opositores de querer "sostener privilegios y cajas" en un "esquema oscuro con falta de transparencia", señalando que "muchos vivos" temen perder beneficios.

El gobernador justificó la urgencia del cambio citando una deuda de $42.000 millones y un déficit mensual de $3.000 millones en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), lo que, según él, llevaba a los afiliados a la Justicia.

Frigerio afirmó que OSER es para "devolverle la obra social a los afiliados, que estaba privatizada en manos de unos pocos", y advirtió que no habrá prórrogas en la intervención, que vence el 30 de junio.

La respuesta de los gremios fue inmediata y masiva. Miles de trabajadores y jubilados marcharon en Paraná, en una movilización calificada de "histórica" ​​por la Intersindical. El mensaje fue claro: la disolución de Iosper y la creación de OSER borran la participación de los afiliados en la conducción de la obra social.

Víctor Sartori (ATE) y Guillermo Zampedri (Agmer) lideraron las voces de rechazo, calificando el proyecto de "desempoderamiento ilegítimo". Acusaron al gobierno de Frigerio de empeorar las prestaciones desde la intervención y sentenciaron: "No queremos la Ley OSER".

Los sindicatos cuestionan la falta de claridad de OSER sobre las prestaciones, la eliminación del Programa Médico Obligatorio y la incertidumbre sobre las afiliaciones familiares. Además, expresan profunda preocupación por la posibilidad de que OSER adquiera deuda externa y, principalmente, que "tercerice sus prestaciones" a gerenciadoras privadas.

Frente a las denuncias de irregularidades en el Iosper, los gremios respondieron con contundencia. Marcelo Pagani (Agmer) desafió al gobierno a presentar denuncias formales ante la justicia si existen pruebas de corrupción, argumentando que el Iosper ya cuenta con múltiples controles estatales.

La Intersindical insiste en debatir mejoras, pero siempre "sobre la ley actual" del Iosper, sin aceptar su disolución ni la pérdida del control de los trabajadores. El conflicto por la obra social se posiciona como una de las batallas más duras que enfrenta la administración de Frigerio, con los sindicatos decididos a mantener la presión.