
En un hecho sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump revocó la certificación que permite a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes extranjeros, una decisión que podría afectar a más de 7.000 jóvenes de todo el mundo y que desata un nuevo conflicto entre el gobierno federal y una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. La medida fue anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien acusó a Harvard de violar leyes migratorias. La institución respondió con una demanda judicial, calificando la medida como ilegal y politizada.
La Casa Blanca justificó la decisión alegando que Harvard no colabora suficientemente en la lucha contra el antisemitismo ni en el control migratorio. En abril, el gobierno exigió acceso completo a los registros de sus estudiantes internacionales y advirtió que suspendería su programa de visas si no había cooperación. También amenazó con quitarle la exención impositiva y congeló miles de millones de dólares en subvenciones federales.
Harvard respondió con una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., argumentando que la revocación de su capacidad para inscribir alumnos extranjeros es una violación del debido proceso y una represalia por su independencia académica. La universidad de Cambridge, Massachusetts, sostiene que la decisión perjudica su misión educativa y amenaza con dañar seriamente a su comunidad internacional. Una jueza federal ya emitió una orden de restricción temporal que frena la medida.
Más del 27% del alumnado de Harvard proviene del extranjero. Esta medida genera incertidumbre para quienes ya están cursando carreras o planeaban iniciar sus estudios en el otoño. Muchos estudiantes temen no poder continuar su educación, enfrentar problemas migratorios o incluso ser deportados. Además, otras universidades de la Ivy League también observan con preocupación este precedente.
El mensaje del gobierno de Trump va más allá de Harvard: es un llamado de atención a todas las instituciones académicas que reciben estudiantes internacionales. Si esta política se expande, podría limitar la capacidad de universidades en todo EE.UU. de atraer talento global, afectar su financiación y comprometer su autonomía. La comunidad académica ya advierte que esta movida erosiona los valores fundamentales de la educación superior en el país.
Este conflicto entre el gobierno de Donald Trump y Harvard no ocurre en el vacío. Apenas días atrás, el asesinato de dos diplomáticos israelíes en Washington -a manos de un atacante extranjero que gritó “¡Palestina libre!” antes de abrir fuego- encendió alarmas sobre la seguridad en la capital de la politica de Estados Unidos, los campus y el impacto de los conflictos internacionales en la vida universitaria estadounidense. Sin embargo, el riesgo es que tragedias como esa sean utilizadas como justificación para políticas que terminan castigando de forma indiscriminada a miles de estudiantes inocentes. La lucha contra el extremismo no debería convertirse en una cruzada contra la diversidad. Si las universidades pierden su capacidad de ser espacios abiertos, globales y críticos, también pierde la democracia su mejor herramienta para construir una sociedad más justa y segura.